Madrid, 29 sep (.).- El endurecimiento del pago adelantado del Impuesto de Sociedades afectará al doble de empresas que las estimadas inicialmente, ya que se estipula para aquellas con facturación de más de 10 millones de euros, y además tendrá carácter permanente.
Según el borrador del pago fraccionado de este impuesto, la banca y las empresas de hidrocarburos son las más afectadas, ya que deberán adelantar el 25 % de su resultado contable, mientras que las que facturan más de 10 millones de euros liquidarán el 23 %.
La reforma tributaria que rebajó el tipo general del Impuesto de Sociedades al 25 % mantuvo la tributación de las entidades de crédito y de las empresas petroleras en el 30 %.
Fuentes parlamentarias que han conocido el decreto ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros afirman a EFE que se trata de una norma "bastante dura" que "puede generar tensiones en la tesorería de las empresas" e inciden en que se ha doblado el número de empresas afectadas para poder recaudar hasta 8.000 millones de euros.
Además, en el borrador no se establece un plazo temporal y el endurecimiento del adelanto fraccionado nace con carácter permanente.
El Gobierno anunció inicialmente que el incremento de los pagos fraccionados de Sociedades afectaría a las empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, que tendrían que abonar por adelantado al menos un 20 % de su resultado contable, frente al 12 % al que se redujo con la reforma fiscal.
Hacienda ha informado del borrador del decreto ley a la mayoría de los grupos parlamentarios con el fin de que pueda convalidarse en el Congreso y enviarse a Bruselas antes del 15 de octubre.
Los pagos fraccionados a cuenta de Sociedades se abonan en los 20 primeros días naturales de abril, octubre y diciembre del periodo impositivo en curso, en tanto que en julio del año siguiente se liquidan las diferencias con la presentación de la declaración del impuesto.
El Gobierno insiste en que es una medida de emergencia necesaria para lograr este año el objetivo de déficit público del 4,6 % del PIB comprometido con Bruselas.