Alfonso Fernández
Washington, 27 jun (EFE).- En la ardua negociación para solucionar la crisis griega, la insistencia del FMI en ampliar el recorte del gasto público le ha dado la imagen de "malo de la película", hasta el punto de que el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, llegó a acusarlo de tener una "responsabilidad criminal" en la asfixia de su país.
Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, criticó la falta de seriedad de Atenas en las conversaciones y afirmó que, para alcanzar un acuerdo, es necesario que haya "adultos" en la sala de reuniones.
La participación del FMI en los programas de rescate europeos fue una de las condiciones exigidas por los socios más severos, especialmente Alemania, a fin de garantizar que las ayudas de todos llevarían aparejadas reformas profundas y verificables por parte del socio con problemas.
De hecho, más que el dinero (una pequeña fracción del total), la aportación principal del Fondo ha consistido en el diseño y vigilancia de las reformas necesarias para hacer sostenible la deuda y competitiva la economía de Grecia.
El pasado jueves, el portavoz del organismo multilateral, Gerry Rice, volvía a reiterar que las propuestas de reformas de Grecia debían ser "creíbles".
Para el Fondo, el sistema de pensiones griego tal y como se plantea sigue siendo "insostenible" y los ingresos fiscales "insuficientes".
Lo cierto es que la desconfianza es mutua entre las partes después de cinco años de sucesivos y multimillonarios programas de rescate financiero y una economía que se ha contraído un 25 % en el último lustro.
No ayudó a la imagen del Fondo el reconocimiento por su parte, en junio de 2013, de que había cometido "notables fallos" en sus recetas al subestimar el efecto recesivo de algunas medidas de ajuste impuestas a Grecia.
Del segundo programa acordado en 2012 por un total de 170.000 millones de dólares, aportados por la tríada de instituciones anteriormente llamada "troika" (Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI), el organismo dirigido por Lagarde acordó aportar 28.000 millones de dólares.
El último desembolso, motivo de la prolongada negociación y fundamental para aliviar la asfixia financiera griega, ascendía a 7.200 millones.
Los desembolsos se realizan por tramos y con la condición de que el FMI dé por buenos los avances realizados por Atenas en el cumplimiento de las reformas estructurales pactadas, que en la jerga de la institución significan agudos recortes de gasto público, especialmente en el sistema de pensiones, y subida de impuestos.
Por su parte, el Gobierno heleno se compromete a devolver puntualmente los préstamos de acuerdo con el calendario acordado.
De ahí la importancia del plazo límite del 30 de junio, cuando el Ejecutivo de Tsipras debe devolver 1.700 millones de dólares y fecha que el Fondo ha insistido en que es inamovible, por lo que su incumplimiento declararía inmediatamente a Grecia en mora con la institución.
"El 30 de junio es cuando se le deben los pagos al FMI y no hay un periodo de gracia de dos meses como he escuchado decir", subrayó Lagarde esta semana en Bruselas.
La tensión quedó patente a comienzos de mes, cuando poco después de que la exministra de Finanzas de Francia se mostrarse confiada en recibir uno de los pagos, el Fondo, en una rueda de prensa en la sede de la institución en Washington, enviaba un comunicado en el que señalaba que Atenas había decidido utilizar un resquicio legal y aplazar todos sus pagos para finales de mes.
En la nota, el organismo reconocía que sus normas permitían esta posibilidad, pero recordaba que no había sido utilizada por ninguno de los 188 países miembros desde que, en la década de 1980, Zambia recurriera a esa opción.
Poco después, el FMI anunciaba, en un raro y teatral gesto de hartazgo, que sus técnicos abandonaban una de las reuniones en Bruselas después de considerar que las propuestas griegas no estaban a la altura de lo exigido.
No obstante, posteriormente volvieron a la mesa de negociaciones junto con los otros acreedores internacionales, y en la última semana fue la propia Lagarde quien participó en todas las reuniones, siempre con su temido lapicero rojo de exigencias.