San Juan, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico tiene ya despejado el camino para emitir otros 2.000 millones de dólares en deuda, después de que el Legislativo haya ratificado las enmiendas remitidas por el Ejecutivo al proyecto de Ley 1 de 2015 que aumentará el impuesto sobre el crudo y sus derivados.
La Cámara de Representantes confirmó hoy a Efe que una comisión conjunta de ambos cuerpos legislativos dio el visto bueno al texto que había remitido el gobernador Alejandro García Padilla, por lo que solo resta que plasme su firma para que el proyecto -conocido popularmente como "la crudita"- se convierta, finalmente, en ley.
El camino para que el proyecto de "la crudita" se hiciera realidad ha sido largo y requirió de negociaciones para alcanzar consenso entre el Gobierno y las cámaras legislativas, trayecto salpicado además por la fuerte oposición de diversos colectivos sociales.
El proyecto precisó, primero, de negociación entre las dos cámaras legislativas, que una vez de acuerdo sobre el texto enviaron, el pasado mes de enero, su propuesta al Ejecutivo.
El Gobierno volvió a remitirlo a la comisión mixta formada por Senado y Cámara de Representantes con una serie de modificaciones técnicas, a las que el Legislativo dio luz verde el martes poniendo fin a un proceso que se ha demorado meses.
La que será nueva ley eleva de 9,25 a 15,50 el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados, medida que incidirá directamente en el bolsillo de los consumidores y con la que se pretende elevar la recaudación y proporcionar así liquidez al estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La medida persigue además que con el incremento de ingresos la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se convierta en una corporación financieramente viable.
Con esta aprobación, el Gobierno tiene ahora ya vía libre para realizar una emisión de deuda (respaldada por los ingresos que se prevén obtener con la "crudita") de cerca de 2.000 millones de dólares que dé liquidez al BGF, sin los cuales está en peligro la operatividad a corto plazo del Gobierno y de sus agencias.
La nueva ley está previsto que entre vigor a partir del día 15 del presente mes.
La luz verde a la "crudita" coincide con los trabajos por parte del Ejecutivo y las cámaras legislativas para habilitar que el BGF pueda nombrar administradores en las corporaciones estatales que no hayan tomado las medidas para enderezar sus finanzas.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Nadal Power, justificó esa iniciativa con el objetivo de que el BGF se convierta, además de agente fiscal del Gobierno, en regulador de las empresas estatales, algunas de las cuales, a juicio del Gobierno, no han puesto en marcha las medidas necesarias para corregir sus graves desequilibrios financieros.
La situación más grave la atraviesa la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que arrastra una deuda cercana a 9.000 millones de dólares y que el año pasado fue incapaz de hacer frente a los compromisos ante sus acreedores, lo que obligó a renegociar los plazos de sus pagos.