Atenas, 3 oct (.).- El Gobierno heleno introdujo hoy a trámite en el Parlamento los presupuestos para el año 2017 en los que establece un superávit primario (antes del pago del servicio de la deuda) de un 1,8 % del producto interior bruto (PIB), ligeramente superior al establecido por los acreedores (1,75%).
Además las cuentas para el año que viene incluyen una previsión de crecimiento del 2,7 % del producto interior bruto (PIB), bastante superior a la de agencias de calificación como Moodys, que asegura que Grecia crecerá en torno al 1,8 %.
El Ejecutivo heleno cuenta con que el superávit primario de este año alcance el 0,6 % este año, ligeramente superior al 0,5 % presupuestado, y pueda entonces hacer uso de alrededor de 250 millones de euros de 'colchón' para el próximo ejercicio.
El Gobierno griego se muestra además optimista sobre los resultados del PIB de 2016, pues estima que caerá apenas un 0,3 %, dos décimas menos que lo presupuestado (0,5 %), y mucho menos de lo que anticipa Moodys (0,7 %).
Los ingresos previstos en los presupuestos generales del Estado de 2017 son de alrededor de 55.000 millones de euros, 3.000 millones más que en 2016, mientras que el gasto público también se incrementará, aunque solamente en cerca de 750 millones de euros.
Entre estos gastos estará el incremento en 760 millones para ampliar el llamado ingreso social de solidaridad a más de 250.000 hogares sin recursos y 300 millones en fondos suplementarios para necesidades extraordinarias en salud y educación.
Esta ley presupuestaria hará cumplir además otro de los requisitos de los 15 que comprende la primera evaluación del tercer rescate, con la dotación de un presupuesto independiente para el Secretariado General de Ingresos Públicos que a partir de 1 de enero de 2017 será una autoridad autónoma.
Grecia está inmersa en las negociaciones con los acreedores para concluir la primera evaluación del tercer rescate, para lo cual debe cumplir estos 15 requisitos, la mayor parte ya aprobados o en curso, tras lo que accederá a un tramo de 2.800 millones de euros.
Estos nuevos presupuestos incorporan los ingresos por una serie de impuestos indirectos de nueva creación y el aumento de otros sobre productos que van desde el combustible para la calefacción y la gasolina al tabaco y el café.
Con respecto al desempleo, el texto presupuestario del Gobierno contempla que en 2017 el paro baje hasta el 22,7 %, algo menos de un punto comparado con el estimado para finales de 2016 (23,5 %).
Una vez registrados los presupuestos no está definida todavía la fecha en la que será debatido en comisión y en la sesión plenaria.
En otoño, la fecha no oficial es el 17 de octubre, Grecia retoma la batalla con la Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) -ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha decidido aún si participará en el tercer rescate- por la reforma del mercado laboral, que centrará la segunda revisión del tercer rescate.
El ministro de Trabajo griego, Yorgos Katrúgalos, presentó hace unos días la postura griega sobre los puntos fundamentales a tratar, es decir, la legislación sobre el derecho de huelga, los despidos colectivos, el salario mínimo y los convenios colectivos.
Atenas considera que no es necesario restringir el derecho a la huelga, que los despidos colectivos deben ser el último recurso y desea restablecer los convenios colectivos, eliminados por el segundo paquete de rescate de Grecia del verano de 2012.
En estos temas Katrúgalos anunció que se alineará con la postura común que tienen sindicatos y patronal griegos, que emitieron una declaración conjunta en julio en la que rechazaron toda reducción del salario mínimo interprofesional, se pronunciaron a favor del restablecimiento de los convenios colectivos y consideraron innecesaria la liberalización completa de los despidos.
Las negociaciones, por tanto, se prevén complicadas, ya que el FMI pide para participar en el tercer paquete de rescate, algo que Alemania y otros países europeos consideran indispensable, precisamente la restricción del derecho a la huelga, la liberalización completa de los despidos colectivos y la reducción del salario mínimo.
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