Por Carlos Ruano
MADRID (Reuters) - Las tensiones asociadas a la pretensión soberanista del gobierno catalán bajo la amenaza de una inminente intervención de la autonomía por parte del gobierno central alcanzaron el lunes nuevas cotas tras el ingreso en prisión de los líderes de dos asociaciones soberanistas.
A última hora de la noche la Audiencia Nacional decretaba el ingreso incondicional en prisión de los líderes de ANC y Omnium por un presunto delito de sedición, una decisión que tuvo respuesta inmediata en Barcelona con una masiva cacerolada y protestas callejeras en la delegación del gobierno y en la sede da la Generalitat.
El presidente del Govern, que horas antes había respondido a un requerimiento del gobierno central sin desvelar tal y como se le exigía si había declarado o no la independencia de Cataluña, calificó de "presos políticos" a los encarcelados, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
El Gobierno español había expresado horas antes su decepción por la ambigüedad de la respuesta institucional de Puigdemont y le emplazó a revocar la declaración de independencia o aclarar que no se proclamó antes del jueves a las diez de la mañana, cuando vence el ultimátum para aplicar medidas extraordinarias de intervención en la región.
"El Gobierno espera que en las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento (...) el señor Puigdemont responda con claridad a todos los ciudadanos", dijo la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
En caso de respuesta negativa o falta de ella, el Gobierno deberá reunir a su consejo de ministros -podría ser en la reunión ordinaria del viernes aunque no estará presente el presidente Mariano Rajoy- para proponer las medidas a aplicar al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Posteriormente, el Senado - con amplia mayoría del partido en el Gobierno - deberá debatir y aprobar las actuaciones en un trámite que, según el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, podría llevar entre tres días y una semana.
Durante gran parte de la jornada el Ejecutivo catalán no dio pista alguna de su posible respuesta ni en declaraciones ni en las redes sociales, pero tras la decisión de la Audiencia Nacional de decretar prisión preventiva para los líderes de ANC y Ominum, se sucedieron declaraciones que parecen dinamitar la posibilidad de una solución pactada.
"No entienden nada. ¿Creen que la fuerza de la sociedad civil se para privándoles de libertad", dijo en su cuenta de twitter la coordinadora del gobernante PDeCAT mientras las organizaciones soberanistas convocaban paros y manifestaciones para el martes.
La decisión judicial mereció incluso la crítica del líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, que calificó de "desproporcionada" la orden de ingreso en prisión a pesar de que su partido está en contra del proceso y ha mostrado su apoyo al gobierno central en la posible intervención de la región.
IMPACTO ECONÓMICO
Para añadir más leña al fuego, a última hora de la noche también se hizo público el documento con proyecciones económicas que España ha remitido a Bruselas y que contiene una revisión a la baja del crecimiento para 2018 por la crisis en Cataluña y una de sus derivas, la falta de apoyos para aprobar el presupuesto.[L8N1MR6RO]
Las nuevas proyecciones llegan tras un fuerte varapalo a las pretensiones secesionistas después de que más de un centenar de empresas, entre ellas algunas referentes regionales históricos, hayan trasladado su sede social fuera de Cataluña por el temor a los efectos de una hipotética independencia.
La aplicación del artículo 155, nunca utilizado en la corta historia de la democracia española, permite forzar a una comunidad díscola a cumplir determinadas obligaciones por el "interés general" y, en el caso de Cataluña, podría desembocar en unas elecciones regionales anticipadas.
El Gobierno rechazó las ofertas de diálogo planteadas por Puigdemont en su respuesta institucional siempre y cuando se mantenga fuera de la legalidad y le emplazó a retomar el diálogo en la cámara regional.
"No resultan creíbles sus llamamientos al diálogo en nombre del conjunto de Cataluña cuando usted se niega a hablar con una parte importante de dicha sociedad a través de sus legítimos representantes", dijo Rajoy en la misiva de respuesta a Puigdemont.
"Le recuerdo que aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles", dijo Rajoy en la carta, que termina: "En caso contrario, será Usted el único responsable de la aplicación de la Constitución".
Además de las detenciones, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela impuso el martes una serie de medidas cautelares - retirada del pasaporte y cita quincenal en los juzgados sin poder abandonar el país - para el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
La jueza desestimó la petición de la Fiscalía, que quería prisión incondicional para el mandatario policial, en relación al presunto delito de sedición por la actuación de la policía regional durante las movilizaciones relacionadas con el referéndum de independencia de hace dos semanas.
(Información adicional de Inmaculada Sanz, Sam Edwards en Barcelona y Miguel Gutierrez, editado por Tomás Cobos y Andrés González)