San Juan, 21 may (EFE).- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico ha colocado entre sus actuales acreedores un total de 55 millones de dólares en nuevos bonos a través de un acuerdo para reestructurar su deuda.
Así lo confirmó hoy la compañía pública, que desde hace meses negocia con sus acreedores un intercambio de bonos que le permita seguir operando y reestructurar su deudas.
Esta colocación forma parte de un acuerdo más amplio que consiste en la venta de 111 millones de dólares en bonos de refinanciamiento bajo.
"Las partes están trabajando en colaboración para completar la documentación para el cierre de la venta de los restantes 55 millones de dólares", explicó en un comunicado Lisa Donahue, la persona que encabeza el proceso de reestructuración de la AEE.
Javier Quintana Méndez, director ejecutivo de la AEE, anunció además que La Fortaleza ha emitido una Orden Ejecutiva excluyendo expresamente los bonos de refinanciamiento de la Ley de Moratoria que aprobó para el conjunto de la deuda pública de la isla.
El Gobierno de Puerto Rico, asfixiado por una deuda de unos 72.000 millones de dólares y con una crisis fiscal que asegura le impide seguir pagándola, incurrió el pasado 1 de mayo en su primer impago masivo de deuda y llevó al gobernador a aprobar una moratoria unilateral en los pagos.
El próximo 1 de julio llegarán nuevos vencimientos, por un valor cercano a los 2.000 millones de dólares, de los que 700 millones correspondientes con Obligaciones Generales, un tipo de bono cuyo pago está garantizado por la Constitución de Puerto Rico y que por lo tanto su pago debería ser una prioridad por encima de cualquier otro gasto público.
Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado que seguramente tendrá que incurrir en un nuevo impago cuando llegue esa fecha, que coincide con el inicio de un nuevo ejercicio fiscal para el que aún no hay un presupuesto aprobado.
El Ejecutivo puertorriqueño tiene la esperanza de que para entonces Washington haya aprobado una ley que le permita reestructurar su deuda bajo el amparo de la legislación federal que regula los procesos de bancarrota, de la que Puerto Rico está excluida por tratarse de un Estado Libre Asociado.
Aún no está claro si Washington ofrecerá esa alternativa, ya que por el momento lo único que parece claro es su intención de imponer una junta de control fiscal externa que guíe los pasos de la Administración en la gestión de los recursos, algo a lo que se opone el Gobierno puertorriqueño por considerar que mina su autonomía.