Madrid, 3 nov (.).- El primer reto al que se enfrenta Empleo esta legislatura es encajar en la legislación española la sentencia europea que equipara indemnizaciones por despido de fijos e interinos, pero también será prioritario para el Gobierno reformar la financiación de la Seguridad Social y garantizar las pensiones.
En los próximos meses, el Gobierno tiene el compromiso de analizar, con un grupo de expertos, las repercusiones del fallo del tribunal europeo y emitir un dictámen que, con toda probabilidad, también dará a conocer el impacto económico de la medida.
El Gobierno ha asegurado que la equiparación entre fijos e interinos no se traducirá en una adaptación "a la baja" y han recordado que ya en el acuerdo con Ciudadanos, del mes de agosto, se establecía una indemnización creciente al finalizar el contrato de interinidad: desde 12 días el primer año de contrato a 20 días por año de servicio en el tercero.
Tras hacerse pública la sentencia, los sindicatos han informado de la avalancha de interinos que querían acogerse al fallo, ya que la actual legislación española no prevé indemnización para este colectivo cuando acaba su contrato, en tanto que la patronal ha alertado sobre su coste económico y sobre la creación de empleo.
En España, los interinos llegan al 11 %, porcentaje que sube al 20 % cuando se trata del ámbito de la Educación y la Sanidad.
La reforma de la Seguridad Social será otro de los puntos a abordar en la próxima legislatura, algo en lo que ya trabaja la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y cuyas conclusiones deben recoger medidas para permitir el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
La Seguridad Social acumulará a final de año un déficit de 19.000 millones y el Fondo de Reserva se agotará para diciembre de 2017, haciendo imposible abonar la extra de Navidad a los pensionistas.
Más en el corto plazo, el Gobierno deberá tomar una decisión para hacer frente al pago de las pensiones y baraja varias opciones pero todas pasan por un trasvase vía impuestos a la Seguridad Social.
Además, el Ministerio de Empleo deberá cumplir su promesa de crear, en la próxima legislatura, 500.000 empleos cada año hasta llegar a los 20 millones de ocupados.
Para conseguirlo, el Gobierno ha prometido bonificaciones en la Seguridad Social y fomentar que los contratos temporales pasen a indefinidos.
Sin embargo, esta política de ampliar las tarifas planas ha chocado de plano con los sindicatos, que han vinculado la prórroga de estos beneficios fiscales con el vaciamiento del sistema de pensiones.
De hecho, los sindicatos han dado cifras y han asegurado que quitando las bonificaciones (cifradas en 3.700 millones de euros) se financiaría el déficit de la Seguridad Social.
El Gobierno también tendrá que lidiar con el paro de larga duración, que supone un tercio de los 4,3 millones de desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
Mientras el paro de larga duración sube, la cobertura de prestaciones por desempleo no ha dejado de caer. De esta forma, sólo el 18 % de los que están apuntados a las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) percibe actualmente una prestación contributiva.
Esto significa que el 82 % de los que están parados no cobran ninguna prestación en función de lo que han cotizado anteriormente.
Por ello, los sindicatos han reclamado al Gobierno que flexibilice los requisitos para acceder a la renta mínima de inserción, ayuda de 426 euros para parados de larga duración, y que ponga en marcha una renta mínima para personas en riesgo de exclusión social.
En materia salarial, el Gobierno debe aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2015 fue del 1 % y lo situó en los 655,20 euros mensuales, con la presión de los sindicatos que exigen que alcance los 800 euros.
Esta decisión condicionará sin duda la negociación que mantienen patronal y sindicatos de cara a la actualización de los salarios pactados en convenio para 2017.
También estarán en la agenda del Gobierno otros desafíos como promover la estrategia del emprendimiento y empleo joven, mejorar las condiciones en las que los trabajadores autónomos ejercen su labor, poner en marcha la formación orientada a las necesidades del mercado y dar más facilidades a quienes montan una empresa.