Madrid, 19 nov (.).- El consejero delegado de Endesa (BME:ELE), José Bogas, cree que no tiene "mucho sentido" prorrogar el gravamen extraordinario a las grandes energéticas, y vaticina que, en caso de que finalmente siga adelante, afectará a las inversiones que estas compañías tienen previsto llevar a cabo.
En una entrevista con EFE posterior a la publicación del plan estratégico 2025-2027 de Endesa, Bogas reconoce una "cierta confusión" en torno a la continuidad de esta prestación patrimonial, después de que, en la víspera, el PSOE acordara con grupos parlamentarios nacionalistas de izquierdas extenderlo un año más.
Desde su punto de vista, la prórroga del conocido como 'impuesto energético' no sólo sería una "mala noticia", sino que además tampoco tiene "razón de ser".
"Siempre hemos estado en contra de esta tasa", añade el consejero delegado de Endesa, que recuerda que España fue el "único país" en aplicar un gravamen de estas características, nacido durante la crisis energética -y de precios- para poner freno a unos beneficios caídos del cielo que estas compañías siempre han negado haber tenido.
Para Bogas, el impuesto pudo considerarse como una "contribución solidaria en un determinado momento de necesidad del país"; sin embargo, apunta, esa coyuntura ya ha pasado, de modo que "no tiene razón de ser" y genera, asimismo, una situación de "desventaja competitiva" respecto al resto de operadores del Viejo Continente.
"Esta tasa reduce inversiones, lo que quiere decir que otras empresas, otras 'utilities', pueden reforzar la red en Alemania, en Francia o donde sea, y nosotros estamos penalizados", insiste.
A su modo de ver, si finalmente se prorroga el gravamen, ello pasará factura "sin duda alguna" a las inversiones, porque "el capital lo tienes que dedicar a una cosa u otra".
Las métricas del plan publicado este martes pasan por un crecimiento anual acumulado del 4 % en el resultado bruto de explotación o ebitda, hasta los 5.600-5.900 millones de euros en 2027, y situar el resultado ordinario neto en la horquilla entre los 2.000-2.200 millones al final del periodo, y la deuda neta entre los 10.000-11.000 millones ante mayores inversiones y el pago de dividendos.
"En la expresión de los resultados damos un rango que tiene en cuenta cosas que pueden ocurrir y una sería ésta. Y los rangos son de 200-300 millones en los resultados", explica Bogas.
Por tanto, un gravamen como éste "sí que afectará". "Igual que digo que cuando no lo hay, esos 200 millones los podemos dedicar a inversiones, si esos 200 millones los tenemos que dedicar a impuestos...", recalca.
Desde su óptica, el planteamiento a favor de conservar esta tasa presenta una "incongruencia", y es que la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) español estima que se movilizará una inversión total de 308.000 millones de euros hasta 2030.
De este importe, un 82 % será aportación privada, y un 18 % pública (un 13 %, de fondos europeos).
"Ese es un esfuerzo inversor increíble", enfatiza Bogas. Y sentencia: "si vas detrayendo recursos a las empresas que tenemos que invertir, se detraerán de la inversión que hay que hacer. Esto parece que no tiene mucho sentido".
Según el plan remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Endesa prevé aumentar un 8 % su inversión, hasta los 9.600 millones de euros, un récord histórico desde que en 2014 la compañía, participada en un 70 % por la italiana Enel (BIT:ENEI), redujera su perímetro geográfico a España y Portugal.
Esta hoja de ruta está elaborada, como consta en la misma, bajo la asunción de que el gravamen temporal del 1,2 % a la actividad no regulada de las grandes energéticas en España, que anoche el PSOE se comprometía con ERC, Bildu y BNG a prorrogar un año más en un decreto-ley, no estará en vigor más allá de 2024.
No obstante, el Ministerio de Hacienda ha aclarado que no afectaría a las empresas que mantengan un compromiso efectivo de inversión para la descarbonización, con lo que no se alteraría lo acordado con Junts.
En el caso de Endesa, que lo tiene recurrido, el gravamen temporal y extraordinario le ha supuesto, en sus dos años de vigencia, un total de 410 millones de euros.
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