Bruselas, 18 abr (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben cumplir a partir de hoy con las tres directivas sobre contratación pública que se adoptaron en 2014 y que simplificarán los procedimientos de las licitaciones públicas y los harán más flexibles para las pymes.
La comisaria europea para el Mercado Interior, la Industria, el Emprendimiento y las Pymes, Elzbieta Bienkowska, afirmó que "las normas sobre contratos públicos existen para asegurar que el dinero de los contribuyentes que se gasta en la adquisición de bienes, trabajo y servicios se utilice adecuadamente".
Las nuevas reglas abaratarán y facilitarán a las pymes presentarse a contratos públicos, asegurarán la mejor relación calidad-precio en las compras públicas y respetarán el principio de transparencia y competitividad de la UE, indicó la Comisión Europea.
También permiten consideraciones medioambientales y sociales y que se tengan en cuenta aspectos como la innovación cuando se adjudiquen contratos públicos.
Las normas revisadas para más de 250.000 órganos de contratación pública están diseñadas para abrir el mercado de contratación pública de la UE a la competencia, prevenir políticas de "compre nacional" y promover la libre circulación de bienes y servicios.
Se alentará a las autoridades a dividir grandes contratos en partes más pequeñas, permitiendo a empresas más pequeñas participar en grandes licitaciones.
Las reglas que excluyeron de las licitaciones a empresas más pequeñas por sus ingresos anuales se han relajado y las nuevas normas limitan los posibles requisitos de volumen de negocio a dos veces el valor del contrato, lo que debería eliminar barreras a la participación de pymes, espera la UE.
Además, el documento de adquisición único europeo reducirá la carga administrativa para empresas y les permitirá declarar electrónicamente que cumplen las condiciones requeridas para participar en un procedimiento de licitación pública.
Solo el adjudicatario tendrá que proporcionar pruebas documentales completas, pero en el futuro, incluso esta obligación podría levantarse una vez que la información puede estar vinculada electrónicamente a las bases de datos nacionales.
Las autoridades públicas pueden ahora proporcionar incentivos a las empresas que desarrollen productos y servicios socialmente responsables, y alentar la innovación ecológica.
Pueden limitar algunos procedimientos de licitación a empresas sociales de todo tipo con al menos el 30 % de empleados desfavorecidos, de manera que pueden tener una ventaja a la hora de obtener contratos públicos.
Para luchar mejor contra la corrupción, las nuevas normas incluyen una definición de la UE de "conflictos de interés", o el requisito para los compradores públicos de compartir cualquier información dada a una empresa implicada en un proceso previo con todas las demás compañías, y la exclusión de procesos de licitación las empresas si se descubre que han influido indebidamente en la toma de decisiones o hecho declaraciones falsas.
También aclaran y simplifican las normas para la modificación de los contratos en el periodo posterior a la adjudicación para eliminar dudas sobre posible corrupción y una mayor explicación de las decisiones y de violaciones tanto a las autoridades nacionales como a la CE, así como un mayor uso de herramientas electrónicas y procedimientos más simples, incluida la contratación electrónica.
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