Madrid, 10 sep (.).- Expertos en economía sugieren que la vía del decreto ley para actualizar pensiones y salarios públicos, que baraja el Gobierno en funciones, debería ampliarse al resto de prestaciones públicas, en especial las dirigidas a desempleados, si bien difieren respecto a la idoneidad y urgencia de la medida.
En declaraciones a Efe, el economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, considera que "a lo mejor, no sería un disparate no subir las pensiones ni los sueldos de los funcionarios ya que con una inflación negativa están ganando poder adquisitivo".
Por su parte, el director de Funcas, Raymond Torres, ve posible el decreto y sugiere que se amplíe a otras prestaciones públicas como las dirigidas a parados, las asistenciales y las becas, a la espera de que el próximo Gobierno haga los presupuestos generales del Estado para 2017.
Torres reconoce que ampliar la fórmula a otros colectivos puede entenderse como la puesta en marcha de nuevos presupuestos, "y eso no entra en la lógica del sistema".
Para De la Fuente, este no es el momento idóneo para subir pensiones y sueldos públicos dado que España vive "una situación presupuestaria delicada y hay que rascar de muchos sitios para reducir el déficit".
Pero de abrirse la mano para pensionistas y empleados públicos, el director de Fedea entiende que el decreto ley debería ampliarse a todas las prestaciones públicas, que también quedarían congeladas con la prórroga del presupuesto de 2016.
Este economista recuerda que, precisamente, los pensionistas son los únicos que han atravesado la crisis sin perder poder adquisitivo. "Al revés lo han ganado", afirma.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Carmen Barrera, valora la idea de extender la fórmula del decreto a todas las prestaciones que el Estado tiene la obligación de garantizar.
La responsable de UGT también se refiere a las "dudas jurídicas" expresadas por el Gobierno en funciones para la aplicación del decreto y considera que son "excusas para presionar y alarmar a pensionistas y funcionarios"
Sobre este asunto las opiniones de los juristas disienten. En declaraciones a Efe, la catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Yolanda Gómez Sánchez, asegura que técnicamente un Gobierno en funciones no puede regular por decreto ley la revalorización de pensiones ni el aumento de sueldo a los funcionarios.
Explica que, según el artículo 134 de la Constitución, no se puede llevar a cabo esta actualización porque es materia reservada a la ley de presupuestos, que es la que puede incluir todos los ingresos y los gastos.
Añade que un Gobierno en funciones sólo puede aprobar un decreto ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que es el requisito que establece el artículo 86 de la Constitución.
Para esta jurista algo urgente e imprevisto que requiere un decreto ley es "una riada o un ataque terrorista, pero no la actualización de las pensiones o la subida salarial a los funcionarios".
Por el contrario, el catedrático de Derecho Financiero de la UNED José Manual Tejerizo considera que el Gobierno en funciones sí podría actualizar las pensiones vía decreto ley dado que hay razones de urgencia o, al menos, de interés general.
Tejerizo explica que es el Gobierno el que decide qué es de "extrema necesidad" y asegura que hay muchos antecedentes en el mismo sentido que lo avalan.
El secretario confederal de CCOO de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, coincide en que el real decreto ley se utiliza sólo para situaciones de extraordinaria necesidad, pero recuerda que "este Gobierno ha utilizado el decreto reiteradamente esta legislatura a su conveniencia para evitar el debate parlamentario".
Además, precisa que la ley dice que se puede usar el decreto en casos urgentes o de interés general "y subir pensiones y salarios públicos es de interés general", asegura.