Natalia Kidd
Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La nueva apuesta de Argentina para cambiar la sede de pago a sus acreedores de deuda reestructurada y así esquivar el bloqueo de fondos dispuesto por un juez de Nueva York ha desconcertado a economistas locales, quienes difieren sobre los efectos de la estrategia.
El Gobierno de Argentina anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para pagar localmente a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación estadounidense que no pueden cobrar por un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de fondos de inversión que litigan contra el país suramericano por bonos en mora desde 2001.
La iniciativa incluye sustituir al Bank of New York Mellon por el local Banco Nación como agente fiduciario de pago y que los acreedores nombren sus propios agentes de cobro para garantizar que se harán con su dinero y evitar así la orden de bloqueo de fondos dispuesto por Griesa.
Además, deja abierta la posibilidad para que el 7 % de los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, incluidos los querellantes, se adhieran ahora.
El proyecto cuenta con altas probabilidades de salir adelante en el Congreso, de mayoría oficialista, pero qué harán los acreedores de la deuda reestructurada y cuál será la reacción de Griesa -quien podría declarar a Argentina e desacato- es una incógnita.
"Es difícil prever. Todavía hay un montón de consideraciones legales que aún no tenemos muy claras. Enreda todo el panorama", dijo a Efe el economista Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres, para quien la estrategia del Gobierno es "rara".
Para el experto, mientras Argentina está en cese de pagos selectivo tras el bloqueo de los fondos depositados para el vencimiento de junio pasado, con esta nueva propuesta no queda claro si ésta es una alternativa para el pago previsto el 30 de septiembre o para los vencimientos de diciembre y hay varias cuestiones operativas confusas.
"La sensación es que no quieren arreglar con los 'holdouts' (fondos litigantes). Lo óptimo para el Gobierno sería que los reestructurados arreglen bajo la ley local y que los otros entren al canje, pero es muy poco probable eso. Y cualquier cosa menor hace que Argentina siga en default", dijo Spotorno.
De momento, el fondo Aurelius, uno de los litigantes en Nueva York, tachó a la propuesta argentina de "ilegal y fallida", mientras que Horacio Vázquez, representantes de inversores argentinos que rechazaron la reestructuración, aseveró que "hay que estar mal de la cabeza" para aceptar ahora el canje.
Sobre la propuesta a los acreedores de deuda reestructurada para que cobren en Argentina, el exsecretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen dijo que un 70 % de los tenedores de bonos bajo legislación de Nueva York son fondos que por estatuto no pueden invertir en papeles que estén bajo otras legislaciones, por lo que difícilmente acepten esa alternativa.
Pero el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, aclaró hoy que no se propone un cambio de legislación de los bonos sino un cambio en la sede de cobro.
Por su parte, Tulio Zembo, representante de acreedores italianos de deuda reestructurada, dijo que el cambio de lugar de pago "es correcto y esperable" y manifestó que "lo que importa es que el dinero llegue a los bolsillos de los bonistas", muchos de los cuales, aún siendo europeos, se vieron afectados por el fallo de Griesa.
Para Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, la iniciativa demuestra que ya no apuesta a alcanzar un acuerdo con los fondos litigantes a partir de 2015, sino que se ha decantado por no acatar y considerar "injusto" el fallo de Griesa.
¿Qué va a suceder con los inversores? Para el economista, una parte de los tenedores de bonos reestructurados rechazará el cambio de sitio de pago y otra lo aceptará si "ve un negocio en términos financieros".
Entre quienes no adhirieron a la reestructuración, quizá algunos acepten entrar ahora al canje como "puerta de escape" para "quien quiera salir de este pleito", opinó Castiñeira a Efe.
Cualquiera que sea la alternativa, "la situación argentina presenta un claro deterioro económico, con una inflación que se acerca al 40 %, un déficit fiscal que supera los 3 puntos del PIB, y un deterioro en la balanza comercial y en casi todas las variables económicas", apuntó.