San Juan, 4 abr (EFE).- Un grupo de acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico pidió hoy a la Justicia federal que el brazo financiero del Ejecutivo boricua sea intervenido ante el temor de que, pese a su insolvencia, esté realizando pagos selectivos.
En respuesta, la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, culpó de la situación a la "inacción" de Washington, que lleva meses debatiendo si permite declararse en quiebra bajo la protección de las leyes federales a Puerto Rico, sumido en una crisis fiscal que le ha llevado a tratar de renegociar su deuda e incurrir en ciertos impagos.
Los demandantes son un grupo de fondos con sede en Nueva York e Islas Caimán que dice ser titular de 3.750 millones de dólares en deuda del BGF y que hoy presentó una demanda al Tribunal Federal de EE.UU. en San Juan contra esta entidad, brazo financiero de la Administración local.
Los demandantes reclaman que se impida a la entidad pública realizar cualquier pago o transferencia, salvo aquellos pagos relacionados estrictamente con la prestación de servicios públicos esenciales para la seguridad ciudadana o con costes operativos, como el pago de nóminas.
En la demanda se explica que estas medidas se piden ante la insolvencia en la que ha incurrido esta entidad -así como el propio Gobierno de este Estado Libre Asociado a EE.UU.- y el previsible impago en el que incurrirá en menos de un mes, cuando el 1 de mayo venzan instrumentos de deuda por valor de 422 millones de dólares.
"Ante la precaria situación financiera del BGF y la probabilidad de un inminente impago de sus bonos, el BGF tiene prohibido por ley hacer cualquier pago preferencial o transferencia a sus acreedores", afirman los demandantes.
Sin embargo, y "violando la ley, el BGF ha seguido haciendo pagos a ciertos acreedores", añaden los fondos, que reclaman al juez que decrete la paralización de esos desembolsos hasta que la deuda del banco sea debidamente reestructurada y deje de estar en peligro de liquidación.
En respuesta, la máxima responsable del BGF y de la política económica de Puerto Rico dijo en un comunicado que la demanda persigue que por orden judicial se impida al banco "cumplir con sus deberes oficiales, como depositario del Gobierno central y de otras entidades gubernamentales", lo que "constituye evidencia adicional del precio que la inacción del Congreso de EE.UU. está haciéndole pagar a todas las partes involucradas".
"La alegación principal de los acreedores del BGF -que el BGF a sabiendas ha ocultado información financiera para darle preferencia a ciertos depositantes sobre los bonistas del BGF- es completamente falsa y no está fundamentada en hechos", defendió.
Aunque la entidad financiera contestará la demanda "a través de los medios legales pertinentes", Acosta consideró que "es importante señalar que el BGF ha continuado desempeñando plenamente sus roles oficiales como depositario del Gobierno, agente fiscal y asesor financiero dentro del marco de su ley orgánica y el derecho aplicable".
"A pesar de que las alegaciones establecidas en la demanda son erradas, es claro que nuestros acreedores están de acuerdo con nosotros en una cosa: la situación de Puerto Rico es crítica, la deuda de la isla es impagable, y la necesidad de un régimen federal de reestructuración que ayude al Estado Libre Asociado en el camino hacia la recuperación es crucial".
Por ello, "reiteramos nuestro llamado al Congreso de EE.UU. para que actúe inmediatamente y le conceda a Puerto Rico autoridad amplia para llevar a cabo la reestructuración que necesita con el fin de atender sus deudas e impedir que la crisis humanitaria en la isla continúe saliéndose aún más fuera de control".
Mientras, prometió que el BGF mantendrá "su compromiso de trabajar junto a sus acreedores, inclusive junto a los demandantes, para alcanzar una solución abarcadora a la situación fiscal precaria del BGF y que simultáneamente se le permita al BGF continuar desempeñando su papel crucial para el ELA como un todo".
En ese sentido, explicó que el BGF y sus asesores tienen la intención de continuar las negociaciones con los acreedores que se han anunciado públicamente y "confiamos en que, a pesar de la demanda, nuestras contrapartes litigantes puedan jugar un rol productivo en ese proceso".
"A medida que las condiciones económicas continúan deteriorándose en Puerto Rico sin que haya ningún alivio a la vista, el BGF -al igual que todas las agencias del ELA- confronta opciones extremadamente difíciles y es nuestra responsabilidad evaluar todas las opciones que puedan hacer posible que se le pague a los acreedores mientras se garantiza que el BGF continúe en operaciones", apuntó.