Madrid, 15 jul (.).- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la Comunidad Valenciana, a la de La Rioja y a la de Castilla y León para que formalicen préstamos a largo plazo y emitan deuda pública por un importe máximo de 563,78 millones en conjunto.
Según la información facilitada por el Gobierno, la mayor cantidad corresponde a la Comunidad Valenciana, que podrá formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 400 millones de euros, mientras que Castilla y León está autorizada por 151,6 millones y La Rioja, a 11,78 millones.
Con ese dinero la Junta de castellanoleonesa puede financiar el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2016 fijado en el 0,3 por ciento del PIB regional, mientras que La Rioja puede llegar a financiar el 50 por ciento restante del objetivo de estabilidad presupuestaria y la Comunidad Valenciana podrá reestructurar operaciones realizadas con anterioridad al cierre de 2014 y con vencimientos a partir de 2017.
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que las autonomías precisarán autorización del Estado para realizar operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda u otra apelación de crédito público.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que todas las operaciones de endeudamiento de las comunidades requerirán autorización del Estado cuando exista incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda pública o de regla de gasto.
Estas tres comunidades incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2015, por lo que deberán presentar un plan económico-financiero que permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de objetivos para la declaración de idoneidad de sus medidas de ingresos y gastos, según el Gobierno.
También deberán supeditar las operaciones de endeudamiento que se realicen en aplicación de esta autorización al cumplimiento del objetivo de deuda para 2016, fijado en el 18,6 por ciento del PIB regional para Castilla y León, en el 17,1% para La Rioja y en el 38,2% para la Comunidad Valenciana.
Las autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2016.