San Juan, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico y los sindicatos con representación en corporaciones públicas no alcanzaron ningún acuerdo tras reunirse hoy para acercar posiciones sobre la conocida como la Ley 66, norma necesaria según el Ejecutivo para combatir la crisis fiscal.
Uno de los portavoces sindicales, Luis Pedraza Leduc, señaló a Efe que tras reunirse una representación de los trabajadores de las corporaciones públicas con el gobernador Alejandro García Padilla no se avanzó en la pretensión de derogar una ley que los empleados de la empresas estatales consideran lacera derechos adquiridos en los convenios colectivos.
La Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66-2014) fue aprobada poco antes de iniciarse el presente año fiscal, que se inició el pasado 1 de julio, promovida por el Gobierno, que justificó la medida como única forma de poner fin a los problemas fiscales y económicos de Puerto Rico.
La norma establece medidas de ajuste que afectan en especial los convenios colectivos de las empresas estatales, en las que sus empleados denuncian que perderán derechos adquiridos.
Pedraza Leduc indicó que el gobernador les dijo que no está en sus manos enmendar la Ley 66, pero que les solicitó propuestas para la introducción de posibles enmiendas.
El jefe del Ejecutivo, según el líder sindical, les indicó que contactará a sus jefes de agencia para que se favorezca la negociación de forma individual en cada una de la empresas estatales.
"Somos escépticos sobre lo que puede suceder", dijo Pedraza Leduc sobre la posición de los sindicatos, tras apuntar que en el plazo de las próximas semanas se comprobará si realmente ha habido algún avance en las negociaciones.
"Le comunicamos además al gobernador que pensamos que la Ley 66 no es necesaria y que por eso pedimos su derogación", subrayó el líder sindical, para apuntar que el jefe del Ejecutivo ve, sin embargo, la norma aprobada recientemente como una herramienta que proporciona soluciones.
La aprobación de la Ley 66 dio paso a una serie de actos de protesta y manifestaciones que se han sucedido durante todo el mes, aunque por afectar solamente a los empleados de corporaciones estatales no han contado con el respaldo del conjunto de la sociedad.
Puerto Rico arrastra una deuda de más de 72.000 millones de dólares, una buena parte de la cual recae en las corporaciones públicas.
El Ejecutivo promovió -además de la citada norma- como solución otra ley que estructura la quiebra de las empresas estatales con el objetivo de habilitar el proceso legal para la declaración de quiebra de las corporaciones públicas de la isla, de forma que el Gobierno central no tuviera que responder ante la posible insolvencia de las compañías estatales.
Las agencias de calificación de deuda respondieron a la aprobación de la ley degradando un escalón más el crédito de Puerto Rico, que ya se situaba en el nivel "chatarra" o "basura" que desaconseja la inversión.