Atenas, 7 ene (EFE).- El Gobierno griego ha iniciado una serie de contactos, dentro y fuera del país, para lograr apoyos de cara a la nueva ronda de negociaciones con los acreedores, con el objetivo de terminar con éxito la primera evaluación del tercer rescate, recibir un nuevo tramo de la ayuda y abrir el debate sobre la deuda.
Mientras que el primer ministro, Alexis Tsipras, se reunió hoy con representantes de los agentes sociales para exponerles sus planes de la reforma de pensiones, el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, iniciará mañana una gira por varias capitales europeas.
Tsakalotos se reunirá con sus colegas de Roma, Lisboa, París, Helsinki, Amsterdam y Berlín.
La gira recuerda mucho los contactos febriles que hace un año mantuvieron Tsipras y el entonces ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, en busca de apoyos que evitaran un nuevo rescate vinculado a más austeridad, una campaña que fracasó y se saldó con la firma del tercer programa de asistencia por valor de 86.000 millones de euros y las correspondientes medidas de ajuste.
En los últimos meses el Gobierno de Atenas ha ido aprobando, con mayor o menor puntualidad, todos los requisitos acordados con los acreedores de la denominada cuadriga -Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional- lo que le ha permitido cobrar hasta ahora tres tramos del rescate por un total de 16.000 millones (13.000 millones en agosto, 2.000 en noviembre, y 1.000 en diciembre).
En los próximos meses Grecia espera poder recibir otros 5.700 millones de euros.
Para ello deberá superar con éxito la primera evaluación del programa de ajuste, que incluye una de las principales trabas de la negociación.
Se trata de la reforma de pensiones, un tema de alto potencial conflictivo social que además pondrá nuevamente a prueba la estabilidad interna del Gobierno de Tsipras.
La reforma del sistema de la Seguridad Social además de elevar la edad de jubilación a los 67, contempla una serie de medidas que se topan con la resistencia de una sociedad que ya ha visto recortadas sus pensiones en los últimos años en una media del 30 %, pero también de los propios acreedores que las consideran insuficientes.
El sistema propuesto se basa en una pensión estatal garantizada de 384 euros, a la que se sumaría una segunda calculada en base a la media salarial de los años trabajados, de forma que el jubilado pueda cobrar en torno al 60 % de sus ingresos promedios durante su vida laboral.
El Gobierno se ha comprometido en este borrador de reforma, remitido el lunes a los acreedores, a mantener hasta 2018 las pensiones de los que ya están jubilados.
Los que se jubilen a partir de este año, en cambio, lo harán con recortes de entre un 15 % y un 30 %, dependiendo de la base de cálculo.
La propuesta de Atenas contempla además un aumento de las cotizaciones a las pensiones suplementarias del 0,5 % para los trabajadores y del 1 % para los patronos.
A ello se añaden recortes de hasta un 20 % de las percepciones de estas pensiones suplementarias, financiadas exclusivamente por trabajadores y patronos.
En total, el Gobierno se ha comprometido a ahorrar este año 1.400 millones de euros en el sistema de pensiones, una cuantía que los acreedores ponen en duda se pueda alcanzar con las medidas propuestas.
Una de las principales diferencias entre las dos partes radica, según los medios, en el nivel de las pensiones -el Gobierno propone que sea el 60 %, los acreedores no quieren que supere el 50 % del salario medio durante el periodo activo-.
Tampoco parecen estar de acuerdo con la idea del Gobierno de elevar las cotizaciones de los patronos en las pensiones suplementarias.
Se espera que los representantes de la cuadriga regresen a Atenas en las próximas semanas, si bien por el momento no hay una fecha oficial.