Atenas, 11 ago (EFE).- Grecia y las instituciones acreedoras cerraron hoy el acuerdo para un tercer rescate, un programa que votará el Parlamento heleno antes de obtener luz verde en el Eurogrupo y en el que el Gobierno ve posibilidades para el crecimiento económico pese a las medidas de ajuste que conlleva.
La "fumata blanca" salió tras una sesión maratoniana de 22 horas entre los ministros de Finanzas, Euclides Tsakalotos; de Economía, Yorgos Stathakis, y los jefes de misión de las cuatro instituciones -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)-.
El rescate, en caso de obtener definitivamente la aprobación de los socios de la eurozona, tendrá una vigencia de tres años y una suma de en torno a los 86.000 millones de euros (más de 95.000 millones de dólares), que servirán en su mayor parte para pagar deudas.
El Gobierno aspira a que la primera entrega sea de entre 20.000 y 25.000 millones de euros (entre 22.000 y 27.000 millones de dólares), un dinero que se evaporará nada más recibirlo, pues corresponde a los vencimientos de pagos al BCE (3.400 millones (3.760 millones)), al FMI (1.600 millones (1.770)) y la devolución del crédito puente de la Unión Europea obtenido en julio por un total de 7.600 millones de euros (más de 8.400 millones de dólares).
Además, el primer desembolso incluiría 10.000 millones de euros (unos 11.000 millones de dólares) de inyección inmediata para recapitalizar a la banca, todavía bajo el corsé de los controles de capital, lo que ha llevado a un mayor desplome de la economía.
El Gobierno griego destacó hoy como uno de los puntos más importantes del acuerdo el haber logrado rebajar los objetivos presupuestarios, precisamente para no seguir estrangulando el crecimiento.
Así, el pacto prevé que en lugar del superávit primario (que excluye el pago de intereses de la deuda) de un 1 % del producto interior bruto (PIB) previsto inicialmente para este año, tan solo sea necesario un déficit primario del 0,25 %; en 2016, se exige un superávit primario del 0,5 %; para 2017, del 1,75 %, y finalmente para 2018, del 3,5 %, el objetivo que se había fijado inicialmente.
Según el Gobierno heleno, el hecho de que estos objetivos sean algo más moderados tiene un doble efecto positivo: por un lado los ajustes podrán ser algo más "suaves", y por el otro, ayudarán a que la economía tenga una oportunidad de volver a crecer.
Uno de los puntos más conflictivos durante las negociaciones de los últimos días había sido el tratamiento que debía darse a las carteras de créditos morosos -muchos de ellos hipotecas- que lastran a la banca griega.
Las instituciones optaban por venderlas a fondos especializados (los llamados fondos "buitre"), mientras que el Ejecutivo de Alexis Tsipras quería que fueran a parar a una entidad pública, algo así como un "banco malo".
El compromiso ha consistido en aplazar el tema a otoño, lo que ha permitido al Gobierno salvar hasta finales de año la moratoria que existe para los desahucios de primeras viviendas.
También en lo que respecta al controvertido fondo de privatizaciones, que en la cumbre de julio hizo retrasar el acuerdo final, y al que deberán transferirse activos públicos por un total de 50.000 millones de euros, se ha acordado un modelo con el que el Gobierno griego dice estar satisfecho.
A falta de conocer los detalles, pues el acuerdo en sí no se ha publicado todavía, el Ejecutivo ha adelantado que se tratará de un modelo que permitirá sacar rendimiento a estas propiedades, es decir, que a diferencia del fondo actual de privatizaciones, posibilitará también fórmulas alternativas a la venta, como el alquiler.
En la presentación a la opinión pública de las bases del acuerdo, el Gobierno ha extraído las partes menos dolorosas y ha resaltado los puntos en los que ha salido airoso, como, por ejemplo, el haber evitado tener que reintroducir el pago de cinco euros por visita hospitalaria, que exigían los acreedores.
No ha mencionado, en cambio, las partes traumáticas.
Ninguna de las 35 acciones previas que deberá acometer a cambio de recibir el primer desembolso, y que se someterán a voto el jueves junto con el programa de rescate en sí.
Entre estas, figuran la cancelación de las ventajas fiscales de los agricultores en dos fases, cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles, así como la modificación de la nueva ley que permite el pago de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien plazos.
Además, se prevé una reestructuración del régimen de pensiones con el objetivo de lograr un ahorro anual del 0,5 % del PIB, así como la eliminación gradual de las jubilaciones anticipadas.
Entre otros muchos apartados, el paquete contempla también la liberalización plena del sector energético en 2018, así como la de algunas profesiones como ingenieros o notarios.