Atenas, 27 oct (.).- Los representantes del Gobierno griego y de los acreedores del país cerraron hoy la primera parte de la segunda evaluación del tercer rescate con avances en algunas cuestiones pero dejando una serie de asuntos sin resolver, entre ellos el más espinoso: la liberalización del mercado laboral.
El desacuerdo más importante entre el Gobierno y la cuadriga de los acreedores (Comisión Europea, Mecanismo Europeo de Estabilidad, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) a este respecto es el restablecimiento de los convenios colectivos.
Todas las instituciones -hasta ahora se oponía solo el Fondo Monetario Internacional (FMI)- rechazan su restablecimiento con el argumento que en los años anteriores a la crisis provocaron incrementos de salarios superiores al resto de Europa y perjudicaron la competitividad de la economía griega.
El ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgalos, asegura por su parte que los convenios colectivos forman parte del acervo comunitario y que su restablecimiento es una de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada por el Gobierno y los acreedores para preparar un informe sobre las mejores prácticas europeas en materia de legislación laboral.
Los acreedores insisten además en la eliminación del techo del 5 % del personal mensual para los despidos colectivos, un tema sobre el que ambas partes están pendientes del dictamen del Tribunal Europeo.
Además de los temas laborales Gobierno y acreedores divergen en cuanto a las estimaciones sobre los ingresos previstos en el borrador de los presupuestos de 2017.
Según los medios locales no se excluye que los acreedores pidan nuevas medidas de austeridad para alcanzar el objetivo de superávit primario de 1,75 % del producto interior bruto (PIB).
Respecto a la gestión de las deudas morosas de las empresas,un tema crucial para la sostenibilidad de los bancos griegos, las diferencias entre Grecia y sus acreedores se centran en el número de empresas que podrían beneficiarse de una quita parcial de sus deudas a través de un mecanismo de mediación elaborado por el Gobierno.
Mientras el Ejecutivo quiere que puedan recurrir al mecanismo la totalidad de las empresas, los acreedores prefieren limitar esta posibilidad a las que tengan más de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio anual supere los 50 millones de euros.
Para las demás empresas los acreedores piden que el tema se arregle de forma bilateral entre los deudores y los bancos.
Otro punto de divergencia importante es la ley de amnistía penal que quiere presentar el Gobierno para los evasores fiscales que declaren ingresos sobre los que no hubieran pagado los impuestos correspondientes en su momento.
El objetivo gubernamental es gravar estos ingresos entre un 50 % y un 60 %, mientras los acreedores exigen una imposición de 80 %
Por último, con respecto al ingreso mínimo garantizado, cuya introducción ha anunciado el Gobierno a partir de 2017, los representantes de los acreedores consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno para financiarlo no son suficientes, y piden la reducción del límite para la exoneración fiscal, establecido en los 8.800 euros anuales para asalariados y jubilados.
Las negociaciones se reanudarán a partir de 14 de noviembre.
El Gobierno heleno tiene prisa por concluir la evaluación hasta el 25 de noviembre, con el objetivo de adoptar antes del final de 2016 el programa a medio plazo del periodo 2017 - 2020, para el que quiere negociar una reducción en el objetivo de superávit primario de 2019, establecido en 3,5 % del PIB.
Mantener el superávit primario al 3,5 % del PIB para 2019 significaría para el Gobierno tomar medidas de ajuste en año electoral.
Además el Ejecutivo quiere iniciar lo ante posible la negociación sobre la deuda griega antes el final de 2016, una promesa con la que el primer ministro Alexis Tsipras justificó la adopción de recortes a las pensiones y otras medidas de austeridad.