Atenas, 10 ago (EFE).- Grecia y sus acreedores han entrado en la recta final de sus negociaciones contrarreloj para sellar el tercer rescate por un valor de hasta 86.000 millones de euros y una vigencia de tres años, del que el Gobierno de Atenas espera obtener más de la cuarta parte en el primer desembolso.
El objetivo del Gobierno de Alexis Tsipras es cerrar el acuerdo a más tardar el martes y someterlo a votación en el Parlamento heleno el jueves.
Tras doce horas de reunión el domingo, que concluyeron pasadas las tres de la madrugada de hoy, los ministros de Finanzas, Euclides Tsakalotos, y de Economía, Yorgos Stazakis, reiniciaron esta mañana las conversaciones con los jefes de misión de las cuatro instituciones -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
La reunión de hoy se prevé nuevamente maratoniana, quizás "nuevamente hasta la madrugada", según fuentes gubernamentales que añadieron que las conversaciones avanzan bien y ahora se trata de revisar "línea por línea" el texto final.
Aunque oficialmente no ha habido informaciones sobre los detalles de las negociaciones, la idea general es acordar un paquete legal que constará de dos artículos.
El primero será el memorando de entendimiento en sí, es decir, el programa de reformas que va unido al rescate, y el segundo un paquete de requisitos previos con medidas concretas que deberán ser aplicadas antes de poder recibir el primer desembolso.
Entre estas medidas figuran, según filtraciones a los medios locales, la eliminación en dos fases de la rebaja fiscal que tienen los agricultores en la compra del gasóleo, así como la modificación de la ley recientemente aprobada que permite la devolución de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social en cien tramos.
El cuarteto de instituciones quiere un trato más diferenciado entre los deudores, de forma que los que tengan ingresos altos dispongan de menos plazos para la devolución y que los intereses que se paguen por la demora aumenten de un 3 % a un 5 % para los pagos que superen 5.000 euros.
Entre los puntos que parecen haberse dejado para otoño figuran los cambios en el sistema de jubilación anticipada y la liberalización de algunas profesiones.
Donde todavía hay discusión es sobre el formato que deberá adquirir el futuro fondo de privatizaciones, al que se transferirán activos públicos por valor de 50.000 millones de euros.
El Gobierno ha propuesto que esto se logre en un horizonte de 30 años, con el fin de poder sacarle más rendimiento a las propiedades públicas en el caso de tener que privatizarla a corto plazo.
También hay diferencias sobre la mejor forma de gestionar las carteras de deudas morosas de los bancos, si mediante la creación de una especie de "banco malo", como quiere el Gobierno, o, como prefieren las instituciones, vendiendo estas carteras de crédito a fondos especializados en ello, conocidos como "fondos buitre".
En materia laboral, hay diferencias sobre los plazos que debe tener la vigencia de los convenios colectivos caducados (ultraactividad): el Gobierno quiere que sean seis y las instituciones exigen tres meses.
Grecia espera obtener 24.000 millones de euros, todo fondos que servirán para devolver préstamos internacionales, recapitalizar a la banca, y atender pagos pendientes con proveedores, pero no para dar incentivos a la economía.
En concreto, 10.000 millones se destinarían a la recapitalización de la banca, 7.200 millones a devolver el crédito puente obtenido de los socios en julio, otros 5.000 millones al pago de vencimientos al FMI y al BCE para agosto y septiembre.
El resto se destinaría a cubrir parte de los pagos atrasados del Estado hacia sus proveedores, cuyo monto total asciende a unos 5.000 millones de euros.
En caso de que pueda cumplirse este calendario, el jueves el Parlamento podría votar todo el proyecto y un día después el Eurogrupo podría darle oficialmente luz verde, tras lo que seguirían las votaciones en una serie de Parlamentos nacionales.
El objetivo final es que el proceso de ratificación y el primer desembolso se produzca antes del 20 de agosto, fecha en que Grecia debe devolver al BCE 3.400 millones de euros.
En caso de que no se pueda cerrar un acuerdo tan deprisa -Alemania volvió a reiterar hoy que es mejor hacer las cosas a conciencia y sin prisas- la opción alternativa será solicitar un nuevo crédito puente similar al obtenido en julio.
Este crédito iría unido a otra serie de requisitos previos, al igual que ocurrió el mes pasado en que el Parlamento aprobó dos paquetes de reformas a cambio del citado desembolso.