Madrid, 3 nov (.).-El Ministerio de Hacienda afronta la tarea de cuadrar unos presupuestos para 2017 que permitan lograr el objetivo de déficit comprometido con Bruselas en el 3,1 % del PIB, lo que implicará la necesidad de adoptar ajustes fiscales por un importe en torno a 5.500 millones de euros.
La tarea es urgente, puesto que la Comisión Europea ya le ha pedido a España que le mande las cuentas a la mayor brevedad, una vez finalizada la situación de interinidad política que impedía al Gobierno en funciones tomar decisiones presupuestarias.
Lo más inmediato es aprobar el techo de gasto no financiero del Estado para el próximo año, que también incluirá una estimación de ingresos tributarios y al que previsiblemente se dará luz verde en una de las primeras reuniones del Consejo de Ministros tras la toma de posesión del gabinete de Rajoy.
Junto al techo de gasto se acordarán los nuevos objetivos de déficit y de deuda por administraciones públicas hasta 2008, lo que dejará un mayor margen este año para las comunidades autónomas, que tendrán una meta del 0,7 % del PIB.
Antes de su aprobación, Hacienda tendrá que consultar las nuevas metas con las autonomías y las entidades locales en sendas reuniones de la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CENAL) y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El proyecto presupuestario sin cambios de política económica enviado hace dos semanas a Bruselas contemplaba un déficit para el año que viene del 3,6 % del PIB sin tomar ninguna medida adicional, lo que implica que habrá que hacer ajustes en el gasto o en los ingresos (impuestos) equivalentes al 0,5 % del PIB, puesto que para este año se confía en lograr la meta del 4,6 % del PIB.
Durante el debate de investidura, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que apostará por una política tributaria contenida y ha descartado subidas del IVA y del IRPF, que son los impuestos que generan la mayor parte de los ingresos del Estado, en tanto que no se descarta una reforma más profunda del Impuesto de Sociedades, tras la subida de los pagos fraccionados a cuenta.
A diferencia de lo ocurrido en la anterior Legislatura, en la que el PP contaba con mayoría absoluta, el Gobierno se verá obligado a negociar con el resto de grupos parlamentarios los apoyos para garantizar la aprobación de los presupuestos.
Entre las medidas presupuestarias urgentes, que se podrían aprobar por decreto-ley antes que el proyecto de presupuestos, están la revalorización de las pensiones, que Hacienda ya ha calculado que será del mínimo garantizado del 0,25 %, y la eventual subida del sueldo de los empleados públicos.
A medio plazo, Hacienda tendrá que afrontar también la reforma de la financiación autonómica, que se quedó pendiente en la anterior Legislatura y que Rajoy ha asegurado que tiene que dar lugar a un sistema estable y suficiente que garantice la buena calidad de los servicios públicos que se han de prestar a los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Aunque las Administraciones Públicas ya no están entre las competencias del ministro Cristóbal Montoro, Hacienda tendrá mucho que decir en una reforma que el Gobierno catalán ya ha anunciado que no negociará, puesto que las aspiraciones de esta comunidad han tomado una deriva soberanista.
Montoro mantiene la parte de Función Pública, un ámbito en el que deberá decidir si sube el salario a los empleados públicos para 2017, después de que este año se elevara un 1 %, el primer incremento en seis años, y se devolviera el 50 % restante de la paga extra suprimida en 2012.
Asimismo, tendrá que establecer la tasa de reposición del personal funcionario, que para 2016 se situó en el 50 % con carácter general y en el 100 % para los servicios consideraros prioritarios.
Otro de los retos de Montoro será avanzar en la lucha contra el fraude fiscal, después de las cifras de recaudación récord que se consiguieron ingresar en la anterior Legislatura a través de actuaciones de prevención y control.
En este campo, el Ministerio tendrá que buscar también fórmulas para evitar que las grandes multinacionales eludan el pago de impuestos a España derivando sus beneficios a otros países con una fiscalidad más ventajosa.