San Juan, 3 ago (EFE).- La decisión del Gobierno de Puerto Rico de no pagar un vencimiento de la deuda de una de sus corporaciones públicas este fin de semana arrojó una sombra de duda sobre el resto de los 73.000 millones de dólares que se adeudan.
Las consecuencias del impago de 94 millones de dólares, correspondiente a una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), son todavía una incógnita para los puertorriqueños.
El Ejecutivo de Alejandro García Padilla adelantó hoy que no se hará comentarios sobre el asunto y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago que para algunos analistas es el primero de la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1898).
Si embargo, el impago no ha sido una sorpresa, pues el gobernador García Padilla ya había anunciado que esa deuda no se iba a pagar.
También el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, cuando la semana pasada anunció un esfuerzo para reunir liquidez y saldar los vencimientos de deuda más inmediatos de agosto, matizó que quedaba fuera el de la PFC, una subsidiaria del BGF.
El funcionario fue el encargado de abordar el asunto en ausencia del gobernador, que viajó a Washington para recabar apoyo entre los legisladores del Congreso para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal que rige en el país estadounidense, algo con lo que el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, se mostró de acuerdo la pasada semana.
Además de la incógnita de las consecuencias del impago está la de por qué el Gobierno puertorriqueño escogió no pagar ese vencimiento de deuda concreto cuando solo hace un mes se había aprobado el presupuesto del nuevo año fiscal (1 de julio a 30 de junio).
Elías Gutiérrez, uno de los economistas más respetados de la isla, apunta que es resultado de un cálculo de los asesores del Gobierno.
Gutiérrez recuerda que el Gobierno anunció recientemente que su situación de liquidez mejoró y que por ello podrá mantener operaciones hasta noviembre del corriente año, gracias a que un puñado de sus corporaciones públicas fueron forzadas a emitir el pasado viernes deuda a cortísimo plazo por una cantidad estimada en 400 millones de dólares.
Los asesores del Gobierno, según el análisis del economista, han concluido que los tenedores de deuda de la PFC tienen una posición débil para hacer frente legalmente al Ejecutivo, además de tratarse de un gesto que puede servir de intimidación para otros inversores en potenciales futuras negociaciones de pago de vencimientos.
La información que provee el Gobierno llega a cuenta gotas.
En un comunicado de una sola frase distribuido el pasado viernes por el BGF a algunos medios, la presidenta del organismo, Melba Acosta, se limitaba a decir que la entidad iba a realizar el pago de 169 millones de dólares para el servicio de deuda inmediata.
La cantidad impagada el pasado fin de semana significa un porcentaje insignificante de los cerca de 73.000 millones de dólares que adeudan en conjunto las corporaciones públicas de la isla.
Ahora los analistas locales se preguntan qué pasará con los vencimientos más inmediatos.
En agosto vence deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) por 330 millones de dólares, otros 2.600 millones de dólares de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 91 millones de dólares de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim) y 14 millones del Sistema de Retiro.
A la espera de la reacción de los acreedores que no han recibido su dinero hoy se conoció el Índice de Actividad Económica, que cayó en el último año fiscal un 1,6 %, debido a la pérdida de empleo y a la bajada en el consumo de gasolina y cemento.