Cleyton Vilarino
Río de Janeiro, 21 sep (EFE).- Representantes del sector agrícola brasileño expresaron hoy su oposición al ajuste fiscal y al probable regreso del impuesto a las operaciones financieras, anunciados por el Gobierno de Dilma Rousseff, con el fin de revertir el déficit fiscal del 0,5 % del PIB previsto para 2016.
Con estas medidas anunciadas el lunes, que aún requieren de la aprobación del Congreso brasileño, el Ejecutivo espera ahorrar unos 26.000 millones de reales (unos 6.533 millones de dólares) y aumentar su recaudación en cerca de 40.000 millones de reales (unos 10.037 millones de dólares).
"Creo que el impuesto a las operaciones financieras no será aprobado por el Congreso. No hay estado de ánimo para que sea aprobado", dijo a Efe el presidente de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA), Antonio Alvarenga.
La expectativa de la industria era que, junto con el ajuste anunciado, llegara un aumento del impuesto que grava la gasolina, que además no necesitaría de la aprobación del Congreso.
Este impuesto, parcialmente retomado en febrero de este año y que supone actualmente un gravamen de 0,10 reales (unos 0,025 dólares) por litro de gasolina, es una vieja demanda de la industria de la caña de azúcar, perjudicada por la congelación de precios de este combustible practicada por el Gobierno Federal para controlar la inflación, y que considera que, además, compromete la competitividad del etanol.
Solo en la región centro-sur del país, la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (Unica) estima que cerca de 80 fábricas cerraron sus puertas debido a dificultades financieras.
Además, según un cálculo realizado por la Sociedad Rural Brasileña (SRB), aumentar el impuesto a 0,60 reales (unos 0,15 dólares) por litro de gasolina generaría unos ingresos de alrededor de 15.000 millones de reales (unos 3.764 millones de dólares).
A esta cifra habría que añadirle otros 5.000 millones de reales (unos 1.254 millones de dólares) que irían a parar a las arcas de los distintos estados a través de los impuestos sobre la circulación de mercancías y servicios que son recaudados de manera regional.
En declaraciones a Efe, la presidenta de Unica, Elizabeth Farina, recordó que la vuelta de los impuestos a su tasa original de 0,98 reales (unos 0,24 dólares) por litro de gasolina, con la pertinente corrección de la inflación, es una demanda presentada por el sector desde hace más de dos años y que "no nació con (las actuales) dificultades presupuestarias".
"Creo que el impuesto que grava la gasolina supondría un beneficio potencial para la competitividad de las energías renovables en el país, y que, por lo tanto, podría generar un aumento de la inversión en su capacidad de producción y un apoyo para la política ambiental que el propio Gobierno presentará a finales de año en la cumbre climática de París", afirmó Farina.
Frente a esta postura, el diputado Marcos Montes, del Partido Social Democrático (PSD), líder del Frente Parlamentario de Agronegocio en la Cámara de Diputados, dijo a Efe que "todo el mundo en el Frente Parlamentario, de forma conjunta, determinó que estarán en contra de la vuelta del impuesto a las operaciones financieras".
"Por supuesto que no queremos aumentos de impuestos, pero dentro de los aumentos de gravámenes que puedan producirse, ya que el camino es ese, el impuesto sobre la gasolina sería una redención, algo que el sector necesita", dijo el diputado.
El gran dilema del Gobierno Federal es, sin embargo, el impacto que este impuesto tendría sobre la inflación en el país, ya que afectaría directamente al coste del transporte y de la producción.
En el estado de Sao Paulo, que es el mayor productor de caña de azúcar del país, el Gobierno regional ya se declaró en contra de la vuelta del impuesto sobre las operaciones financieras.
El pasado sábado, el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, señaló categóricamente que su estado no va a apoyar el proyecto de ajuste fiscal del Gobierno de Rousseff.
"Entendemos que en este momento es preciso reducir el tamaño del Gobierno. Tenemos exceso de Gobierno en Brasil y falta de Producto Interior Bruto (PIB)", argumentó Alckmin.