San Fernando de Henares (Madrid), 21 ene (.).- La Audiencia Nacional ha rechazado que el presidente de Repsol (BME:REP), Antonio Brufau, y el expresidente de CaixaBank (BME:CABK) Isidro Fainé declaren como testigos en el juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de ambas cotizadas para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr (BME:SCYR) y Pemex.
La sección cuarta de la sala de lo Penal no ha admitido la solicitud presentada por la acusación que ejerce el empresario Luis del Rivero ya que tanto Brufau como Fainé fueron apartados del caso en virtud de un auto que aseguraba que "no tenían participación alguna" en los hechos investigados.
De acuerdo con la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, su testifical "llevaría a una situación bastante heterodoxa de poder hacerles preguntas que se podrían volver contra ellos".
"Si ustedes entienden que aparecen datos contra estas personas, en tanto que no hayan prescrito los hechos, podrán solicitar ante el juez de Instrucción la reapertura del sobreseimiento, pero traerles para la percepción... Nos imaginamos un interrogatorio muy común en el que se podrían hacer preguntas contra ellos", ha insistido.
En este sentido, la magistrada ha aseverado que "no sería acertado" que se provocase, ante el tribunal, una reapertura "de algo sobreseído en Instrucción".
Los hechos investigados giran en torno del proyecto 'Wine', que investiga la presunta contratación, en 2011 y 2012, de empresas de Villarejo para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.
La Fiscalía Anticorrupción pide 40 años de cárcel para el excomisario; 32,5 para el que fuera su socio Rafael Redondo; 28 para el exjefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo; 21 para el que fuera su 'número dos', Rafael Girona, y otros 21 para el exresponsable de Seguridad en CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
El Ministerio Público atribuye delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares y falsedad en documento mercantil.