Madrid, 25 oct (.).- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha anunciado hoy que los ayuntamientos y las diputaciones cerrarán 2016 con un "importantísimo superávit" en sus cuentas de más de 4.500 millones de euros, el 0,45 % del PIB.
Tras presidir la Junta de Gobierno de la Federación y en rueda de prensa, ha insistido en que puedan ser las corporaciones locales quienes gasten ese dinero, que no quieren que se transfiera "al gasto de las comunidades autónomas, de la Seguridad Social o de la Administración central".
Ha precisado que esa cifra se gastaría en políticas sociales, de empleo, en la prestación de servicios o en apoyo al transporte público.
Por ello, en cuanto se constituya el Gobierno, el presidente de la FEMP pedirá una reunión con Hacienda, para que "articule un sistema" que les permita ejecutar ese ahorro.
Tras recordar que son la única administración que cumple con los requisitos de la Unión Europea en deuda, techo de gasto y déficit, ha lamentado que el Ejecutivo central les plantee, no obstante, "una rigurosidad que no se permite con otras administraciones".
Caballero también demandará al próximo Gobierno una nueva financiación para las haciendas locales y en paralelo con la negociación de la nueva financiación autonómica.
"No queremos ser las administraciones residuales -ha agregado-, que nos tengamos que ajustar con los recursos que no adquieran las comunidades autónomas".
Para ello ya se ha constituido un grupo de trabajo en el seno de la FEMP "para empezar a trabajar de inmediato".
Ha indicado que la "mayoría del gobierno" de la FEMP va a plantear al próximo Ejecutivo la derogación de la reforma local, "una pésima ley, que se aprobó con la oposición frontal de la mayoría de los ayuntamientos y diputaciones".
Ha recordado que "en parte" está derogada por el Tribunal Constitucional.
En un encuentro con los medios posterior, la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, se ha expresado en similares términos sobre el gasto del superávit y la nueva financiación local.
La alcaldesa, sin embargo, ha discrepado sobre la reforma local, que ha considerado que ha mejorado las finanzas locales y ha determinado más claramente las competencias de cada administración.