María Tejero Martín
Bruselas, 4 feb (EFE).- Bruselas ha mostrado hoy su preocupación por el impacto de la incertidumbre política en la economía española, lo que, unido al gasto en aumento en las comunidades autónomas, podría llevar a España a incumplir sus compromisos de disciplina fiscal y ponerlo en riesgo de ser sancionado.
Pese a que Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, ha reclamado una vez más la imparcialidad de la Comisión Europea (CE) respecto a la formación de Gobierno tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, Bruselas apunta a la situación política como el principal riesgo a la baja para la economía española.
Así se desprende de sus nuevas previsiones macroeconómicas publicadas hoy, en las que ha elevado en una décima el crecimiento de la economía tanto para este año como para el próximo, hasta el 2,8 % y 2,5 % respectivamente, pese a lo que ha empeorado sus estimaciones sobre el déficit.
Moscovici ha vuelto a reivindicar la "justicia y exactitud" de la recomendación negativa sobre el presupuesto de 2016 que la CE comunicó al Gobierno liderado por Mariano Rajoy -ahora en funciones- en octubre pasado, al considerar que los cálculos eran demasiado "optimistas".
Dado que las cuentas vigentes fueron elaboradas y aprobadas con urgencia antes de la celebración de las elecciones del 20 de diciembre, el exministro socialista francés recalcó que el gobierno que tome las riendas del país, sea del color que sea, deberá aprobar nuevas medidas para reducir el déficit.
Y dentro del plazo pactado, es decir, este año.
"Lo que está claro es que las medidas que son necesarias siguen siendo necesarias y tendrán que ser tomadas no por el anterior Gobierno, sino por el que comience la nueva legislatura, sea el que sea, y tendrá un calendario de aplicación", dijo Moscovici.
Al analizar la trayectoria del país, Bruselas calcula que el dato final del déficit de 2015 se elevará al 4,8 % del PIB, lejos del 4,2 % que España había asumido como objetivo, y que este año no logrará cumplir tampoco su compromiso del 2,8 %, sino que rebasaría el máximo europeo del 3 % en 6 décimas.
Bruselas concede una importancia central a los esfuerzos que emprende -o no- un Gobierno para controlar su desvío y tendrá esto en cuenta a la hora de valorar si da un paso más hacia la imposición de sanciones al país por incumplir la disciplina fiscal, o si por el contrario le da de nuevo margen para continuar el ajuste.
En este apartado, preocupa "nivel de contención en el gasto", según las previsiones, y particularmente la deriva emprendida por las Comunidades Autónomas sin que el Gobierno central haya impuesto una mayor disciplina.
Aunque la Comisión es consciente de que de prolongarse el impasse político o convocarse nuevas elecciones, un Gobierno en funciones no tiene la capacidad de adoptar nuevas medidas, éste sí podría juzgar el nivel de esfuerzos asumidos en el 2015 -año electoral- o el uso de los instrumentos ya a su disposición.
Otra cuestión clave será la evolución que finalmente presente la economía española, ya que el crecimiento es clave en las discusiones que Bruselas ha mantenido al respecto con el Gobierno de Mariano Rajoy.
Su ministro económico, Luis de Guindos, ha insistido hoy en que el país podría llegar a crecer al 3,2 % este año, lo que supondría unos ingresos extra para las arcas públicas que contribuirían a estrechar el desfase.
De Guindos cree, además, que "una desviación de unas décimas en el déficit" que "se puede corregir sin demasiado problema" no es el riesgo real, sino la perspectiva de un cambio de Gobierno que no comulgue con la agenda económica aplicada por el Partido Popular.
En cuanto se mencionan las negociaciones políticas en curso, Bruselas da un paso a un lado y asegura que es neutral, dado que se centra únicamente en sus números y las normas.
Sobre la posibilidad de que accedan al Gobierno español partidos contrarios a llevar a cabo más ajustes, Moscovici abogó por "no precipitarse" y no emitir juicios sobre "partidos políticos que tienen voluntad pro-europea y a priori (tienen) capacidad gubernamental".
De cumplirse las proyecciones comunitarias, el 0,8 % de déficit que España tendría que reducir este año representaría en torno a 8.700 millones de euros que el Gobierno entrante tendría que lograr ahorrar o ingresar, especialmente si se quieren evitar los ajustes, para cuadrar las cuentas a las exigencias europeas.
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