Madrid, 4 oct (.).- La mayoría de los grupos parlamentarios ha pedido hoy que un nuevo Gobierno modifique el Estatuto del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para que se reconozcan como fijas las plazas con contratos encadenados de más de dos años.
La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado hoy una proposición no de Ley pactada entre Ciudadanos y PSOE y que ha contado con la abstención del PP con el fin de prevenir abusos por la concatenación de contratos temporales para puestos permanentes.
La modificación debería contar con el consenso de los agentes sociales y de las administraciones, según consta en el texto de la iniciativa, que además pide que cuando finalice la contratación de empleados que hayan encadenado contratos para puestos permanentes sean indemnizados de manera justa atendiendo a la duración efectiva del mismo.
También insta a que los contratos temporales en los servicios de Salud para realizar actividades extraordinarias se acojan al principio de causalidad y urge a que la Comisión de Recursos humanos del Consejo Interterritorial, de acuerdo con las CCAA y los sindicatos, elabore un plan de actuación para que en seis meses se reduzca la tasa actual de temporalidad en la Sanidad y se sitúe por debajo del 10 %.
La iniciativa ha salido adelante a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que pedía la no discriminación de indemnizaciones entre fijos y temporales y se refería al caso de una trabajadora interina.
El portavoz de Empleo de la formación naranja, Sergio del Campo, ha recordado que el Tribunal europeo califica de "mal endémico" el hecho de que la ley española no establezca límites a la duración o al número de renovaciones de contratos.
En el caso de la Comunidad de Madrid, alrededor del 25 % de las 50.000 plazas de plantilla de personal facultativo y sanitario están ocupadas por personal temporal, llegando en algunos casos a rebasar los 15 años de prestación ininterrumpida de servicios, con una duración media de entre cinco y seis años.
Desde el grupo parlamentario popular, el diputado José Ignacio Echániz ha recordado que el problema es la aplicación de la norma en algunas CCAA y no tanto el texto de la norma.
El diputado del grupo socialista Jesús María Fernández ha afirmado que esta precariedad laboral tiene efectos en la calidad de los servicios sanitarios.
En este sentido, la iniciativa también pide la modificación de las restricciones impuestas a las CCAA mediante la limitación a las tasas de reposición de plazas que afecten a puestos de trabajo de carácter estable así como la creación de un calendario de Ofertas Públicas de Empleo acorde a la situación de cada autonomía.
Desde el PDC, el portavoz de Empleo, Carles Campuzano, ha incidido en que la temporalidad afecta sobre todo al sector público ya que cerca de 300.000 personas tienen contratos de interinaje, lo que supone el 11 % del conjunto de la Administración..
"El mandato que establece Europa es el de la calidad del empleo en los servicios públicos", ha señalado al tiempo que ha lamentado que el Gobierno no haya comparecido todavía para analizar esta sentencia.
La diputada de Podemos María Isabel Salud ha abogado porque todas las necesidades de carácter permanente se cubran obligatoriamente con plazas fijas y porque los contratos interinos no tengan una duración superior a los seis meses.
El portavoz del PNV Iñigo Barandiarán ha aludido a la importancia de causalizar este tipo de contratos y a la necesidad de que haya más implicación de las CCAA.