Bruselas, 21 ene (.).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron este martes los cambios propuestos en el plan de recuperación de España, que recogen la adopción de un impuesto al diésel como parte de los requisitos para desbloquear el quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros entre ayudas directas y préstamos.
De esta forma, las modificaciones planteadas el pasado diciembre por el Gobierno español han sido adoptadas formalmente por los Veintisiete en una reunión en la que también han dado luz verde a la senda fiscal remitida por las autoridades españolas para los próximos siete años.
La quinta petición de pago fue 'ampliada' por el Gobierno y depende ahora de 84 hitos y objetivos, de los cuales 55 de ellos han sido adelantados porque estaban previstos en futuros desembolsos. Así, el pago ascenderá a 8.000 millones de euros en subvenciones y 15.900 millones de euros en créditos una vez su cumplimiento sea verificado por la Comisión Europea y confirmado por los Estados miembros.
La novedad de las modificaciones es que la lista de requisitos de los que depende la parte de ayudas directas incluye ahora un aspecto que no se nombraba en las versiones anteriores del plan español: la aprobación de un impuesto al diésel.
En concreto, este hito exige a España la adopción de reformas en "ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo".
Además, detalla que todas estas medidas deberá conducir a un aumento "permanente" de los ingresos de, "al menos", el 0,3 % del PIB, que equivale a unos 4.500 millones de euros.
Sin embargo la subida del diésel es una medida que enfrenta al Gobierno con Podemos, formación que ha avisado de que sólo lo apoyará si se impulsa también un gravamen permanente sobre las compañías energéticas que, a su vez, tiene el rechazo de Junts y PNV.
En cualquier caso, la Comisión Europea tiene ahora dos meses para evaluar el cumplimiento de todos los hitos y objetivos que forman parte de la petición de pago. Si considera que España no ha adoptado todos, puede decretar un pago parcial en el que se descontará la parte proporcional al requisito no cumplido.
Adoptado el plan fiscal español
Por otro lado, el Ecofin ha dado luz verde a los 21 planes fiscales a medio plazo que fueron ya validados por la Comisión Europea para que los países controlen su déficit y deuda pública, entre ellos la senda de ajuste de España.
Los ministros europeos de Finanzas remarcan que la "plena aplicación" del plan de ajuste español "permitiría garantizar unas finanzas públicas saneadas y apoyar la sostenibilidad de la deuda pública, así como un crecimiento sostenible e integrador".
Con el visto bueno al plan, los Veintisiete también validan la lista de reformas e inversiones que España tendrá que acometer a cambio de que la senda de ajuste sea de siete años y no de cuatro, como sería el caso sin estos compromisos.
El plan español, que ya había sido aprobado por la Comisión Europea en noviembre, prevé en concreto un aumento promedio del gasto público del 3 % anual para el periodo 2025-2031, dos décimas superior al que sugirió Bruselas.
La senda implica un ajuste anual estructural medio del déficit público de 0,4 puntos del PIB, lo que permitiría reducir el déficit público al 3 % del PIB este año, al 1,6 % en 2028 y al 0,8 % en 2031, según el plan.
En su decisión, el Consejo observa que "los riesgos geopolíticos pueden ejercer presión sobre los gastos de defensa" y señala que "espera que España esté preparada para ajustar su estrategia fiscal en la medida necesaria para garantizar la realización de su senda de gasto neto".
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