Madrid, 21 jul (.).- Las pensiones son sostenibles aunque el Fondo de Reserva se agote en 2018, algo previsible si las disposiciones persisten al ritmo actual, según coinciden expertos consultados por Efe, que sí reclaman un consenso urgente de toda la sociedad para estabilizar el sistema de cara a los próximos 25 años.
Los expertos comparten que el sistema de pensiones tendrá problemas en las próximas décadas por motivos demográficos pero el riesgo no es que el Fondo se agote y se deje de pagar la nómina a los jubilados, sino que el Gobierno tendrá que recurrir a otras fórmulas para pagar las extras: emitir deuda o subir los impuestos.
El presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada Fedea, Ángel de la Fuente, explica que el Fondo de Reserva se creó como un "colchón cíclico" del que se saca sólo una séptima parte para pagar, generalmente, las extras a los jubilados pero no el grueso de las pensiones, que se abonan con las cotizaciones.
Para De la Fuente, "no hay que dramatizar" y sí sentarse a pensar, en el marco del Pacto de Toledo, qué se quiere hacer en los próximos años y aquí entran muchas "vías de ajuste, casi todas más o menos desagradables" (como posponer la edad de jubilación).
En definitiva, este doctor en Ciencias Económicas insiste en que las pensiones públicas "no van a desaparecer, ni mucho menos", si bien reconoce que a medio y largo plazo habrá que "hacer números y ajustar por algún sitio".
"No es que las pensiones vayan a caer en euros reales al mes, pero sí habrá que bajar el ratio entre la primera pensión y el último sueldo porque eso no es sostenible", asegura.
Para el director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Viña, el problema es que el Fondo se ha utilizado de manera generalizada desde 2012 pese a que fue concebido, en 1995, para atender necesidades puntuales del sistema.
García Viña considera que hay que afrontar la situación sin dramas y con consenso de toda la sociedad, además recuerda que se trata de un problema que aparece en todos los países de la Unión Europea, no sólo en España.
Recuerda que la ley reguladora del Fondo preveía, como elemento de precaución, que se utilizase sólo el 3 % del volumen total de las pensiones (unos 3.000 millones) pero ese límite se suspendió en 2012, una suspensión que se mantiene en la ley de Presupuestos de 2016.
García Viña sostiene que otro de los objetivos que deberán marcarse los políticos es despejar esta incógnita y recuperar los objetivos del inicio, que se use para momentos determinados.
También el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, demanda decisiones que estabilicen el sistema y advierte de que actualmente la diferencia entre ingresos y gastos es de un punto y medio del PIB, entre 10.000 y 15.000 millones, algo que parece "difícil de equilibrar".
Bravo reclama medidas inmediatas en el Pacto de Toledo y considera necesario que las transferencias del Estado se incrementen.
Recuerda que hay muchas propuestas a estudiar y aquí cita la creación de un impuesto social generalizado o aumentar los tipos de algunos impuestos, que vayan a financiar la Seguridad Social.
Asegura que cada persona afiliada ingresa hoy 256 euros menos anuales a la Seguridad Social que hace cuatro años y si eso se multiplica por 17 millones de afiliados, da una idea de la merma de ingresos por cotizaciones.
También recuerda que las políticas activas de empleo, las tarifas planas y las bonificaciones se financian a cargo de la Seguridad Social cuando debería hacerse vía impuestos.
En la misma línea, la secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, opina que la recurrencia al Fondo de Reserva debería ser excepcional y no permanente.
Barrera exige al Gobierno "responsabilidad" sobre las disposiciones del Fondo pero también un cambio de actitud, además de un acuerdo por consenso en el marco del Pacto de Toledo.
También considera "implanteable" que las pensiones no se paguen, ya que ello supondría vulnerar el contrato que el Gobierno tiene con los ciudadanos de este país.
La responsable de UGT incide en que las pensiones "siempre han sido sostenibles y lo serán", y la situación actual es sólo fruto de la "irresponsabilidad" del Gobierno, "y eso es lo que la opinión pública debe saber".
Ayer, la Tesorería General de la Seguridad Social dispuso de otros 1.000 millones de euros en julio del Fondo de Reserva para pagar el IRPF de los pensionistas que cotizan, lo que sitúa el Fondo en un valor de 24.207 millones de euros.