San Juan, 26 mar (EFE).- Varios legisladores puertorriqueños acusaron hoy a la agencia de calificación Fitch de querer censurar el debate democrático sobre las opciones con que cuenta la isla ante la abrumadora carga que supone la deuda de 73.000 millones de dólares que acumula.
Hace dos semanas, estos mismos legisladores, Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos (todos ellos del partido gobernante y miembros de la Cámara de Representantes local), presentaron una propuesta de consulta para enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Su idea es incluir "mecanismos de excepción" para que la isla pueda "renegociar toda o parte de la deuda de las corporaciones públicas y el Gobierno central en la eventualidad de que haya que defenderse de las agresivas gestiones de cobro de nuestros acreedores".
Fitch degradó hoy los bonos de obligaciones generales de Puerto Rico del nivel BB- a B con perspectiva negativa, un escalón más dentro del grado especulativo, y advierte que volverá a hacerlo si hay sospechas de que se vaya a reestructurar la deuda.
Para los legisladores, esta "amenaza" es una "prohibición velada a que todo un pueblo discuta, a través de su proceso constitucional, cómo encarar nuestro principal problema fiscal", algo que considera "sin precedente e inaceptable",
"La censura al debate democrático de alternativas no puede ser condición o exigencia para que una evaluadora de crédito trate favorablemente a un Pueblo", dijeron en un comunicado.
Añadieron que "la discusión democrática sobre el bienestar general de los puertorriqueños no puede estar subordinada a las promesas de tratos más favorables por las evaluadoras de crédito".
"Esta acción de Fitch, en momentos en que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) negocia una nueva emisión de bonos, es parte de un patrón constante de esta y otras compañías de análisis crediticio de no reconocer, y en algunos casos entorpecer, las acciones de este Gobierno para encarar la situación", aseguran.
A pesar de todas las medidas de ajuste adoptadas, consideran que "esta y otras compañías de análisis crediticio han continuado el trato negativo hacia Puerto Rico".
"El Gobierno de Puerto Rico está obligado a proteger el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Esa es la razón de su existencia. Nuestra propuesta, que puede analizarse junto a las otras, es una de varias posibles respuestas que procuran mitigar la indefensión en que hoy se encuentra Puerto Rico frente a los intereses de Wall Street. ¿Por qué no se pueden discutir?", se preguntan.