San Juan, 18 ago (EFE).- El Legislativo puertorriqueño retoma el trabajo tras el receso veraniego con la tarea de poner en marcha una normativa que concilie la idea de generar la recaudación que necesita el Gobierno y al mismo tiempo no dañar más el sufrido bolsillo de los puertorriqueños.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo hoy que no favorece promover una normativa que favorezca la subida de impuestos a los ciudadanos, la semana en que el Legislativo vuelve al trabajo en una nueva sesión que estará marcada por la crisis fiscal que atenaza al territorio caribeño, que arrastra una deuda cercana a los 73.000 millones de dólares.
Perelló señaló que es consciente del esfuerzo realizado por la ciudadanía durante los últimos años, razón por la que insistió en que no está de acuerdo con la opción de legislar sobre asuntos que favorezcan una mayor presión tributaria sobre los ciudadanos.
El presidente de la Cámara baja indicó que en la medida en que el recientemente aprobado aumento el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) del 7 % al 11,5 % surge su efecto en la recaudación se podría aliviar a la ciudadanía a través de reducciones en los impuestos que gravan los ingresos.
"En la medida que nosotros podamos atender con mayor justicia a la clase trabajadora y bajar las contribuciones sobre ingresos y la retención del cheque del asalariado se atenderá", señaló.
Perelló dijo que esa posibilidad de reducir impuestos debe formar parte del plan de ajuste fiscal a 5 años que será presentado por el Gobierno a finales del presente mes, ya que el desarrollo económico está ligado a la capacidad de consumo de los ciudadanos.
Eduardo Bhatia, presidente del Senado -la Cámara alta del Legislativo-, apuntó por su parte sobre el tema impositivo que está a favor de reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos, pero siempre que haya capacidad financiera para ello.
Bhatia adelantó que no promete legislar a favor de medidas que supongan reducir los impuestos a menos que existan fondos, ya que sería incurrir en los mismos errores de gobiernos anteriores.
Ninguno de los dos líderes de las cámaras legislativas se expresó sobre la posibilidad de aprobar medidas para que se autorice el pago de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés), entidad subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que a principios de mes no cumplió con el pago a sus acreedores de un vencimiento de decenas de millones de dólares.
La decisión del Gobierno de no saldar ese vencimiento de deuda fue considerado el primer impago en la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Legislativo está ahora a la espera de conocer el contenido del plan de ajuste fiscal que se tomará como base para renegociar la deuda de cerca de 73.000 millones de dólares, que el lunes anunció el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, que se implementará durante los próximos 5 años en tres fases.
La primera fase, que se prolongará durante cerca de 2 años, implicará la puesta en marcha rápida de medidas con las que hay consenso generalizado y que podrían ejecutarse con mayor facilidad, explicó Suárez.
En la segunda fase que propone el grupo de trabajo creado para el tema se tratará de medir el resultado de las medidas que se implementen y realizar los ajustes necesarios, durante un periodo calculado de también 2 años.
La tercera y última fase será de continuidad a las medidas ya en marcha para el ajuste fiscal y el desarrollo económico deseado para Puerto Rico.
Acreedores internacionales y de la isla caribeña presionan mientras al Gobierno para que salde el primer impago del PFC.