La Paz, 31 may (EFE).- El Gobierno de Evo Morales anunció hoy la
reversión al Estado de 13.184 hectáreas de tierras de una familia de
empresarios bolivianos que entre sus inversiones posee uno de los
canales de televisión más críticos con el Ejecutivo.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),
Juan Carlos Rojas, dijo a Efe que se han revertido tres predios de
la familia del empresario Oswaldo Monasterios, propietario del canal
de televisión Unitel, y que están situados cerca de la frontera con
Brasil, en una provincia del departamento de Santa Cruz (este).
En diciembre pasado, el INRA ya revirtió a los Monasterios otras
3.000 hectáreas también situadas cerca de territorio brasileño, con
lo que la superficie total de tierras que perdió esa familia supera
las 16.000 hectáreas.
Según Rojas, esa superficie es tan solo "una pequeña parte" de
las propiedades de los Monasterios, aunque no precisó la cantidad
total de hectáreas que posee esa familia.
La autoridad justificó la nueva reversión con el argumento de que
esas tierras no estaban en producción y que la familia Monasterios
supuestamente transfirió parte de los terrenos a terceros sin
registrar este procedimiento en el INRA, como lo exigen las normas
bolivianas.
La legislación exige que los empresarios agrícolas y ganaderos
bolivianos tengan en producción permanente sus tierras cumpliendo
una "Función Económica y Social" (FES), ya que de otra forma el
Estado las puede revertir para repartirlas a campesinos e indígenas.
El presidente Evo Morales ha acusado varias veces a la cadena de
televisión Unitel de estar vinculada a la oposición cruceña, en
tanto que el medio mantiene una línea crítica contra el mandatario.
Los líderes cívicos y empresariales cruceños han denunciado
varias veces que las reversiones de tierras son una "persecución
política" del Gobierno en contra de los empresarios de esa región,
lo cual ha sido negado por el Ejecutivo.
Rojas negó hoy que se trate de una persecución contra los
opositores, ya que el proceso de verificación de los títulos
propietarios sobre las tierras se realiza "en todo el país" y
responde a un plan en cumplimiento de la norma agraria.
En los últimos 14 años, desde 1996, el INRA examinó la legalidad
de la propiedad de 40 millones de hectáreas.
Rojas aclaró que la familia Monasterios podrá apelar la decisión
ante el Tribunal Agrario cuando concluya en 2013 todo el proceso de
verificación de la propiedad de otros 66 millones de hectáreas que
están en manos privadas en todo el país.
"Una vez que concluya todo el proceso agrario estaremos haciendo
planes de dotación de estas tierras a quienes no las tienen y de
asentamientos en los casos que corresponda", dijo. EFE