Madrid, 20 dic (.).- La mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP, ha pedido hoy derogar la ley laboral que regula las subcontrataciones y reformar el Estatuto de los Trabajadores para igualar los derechos salariales y laborales de estos empleados con los de la empresa principal para la que trabajan.
A falta de la votación, el pleno del Congreso de los Diputados ha apoyado tomar en consideración la proposición de Ley que ha presentado el grupo socialista para modificar el artículo 4.1 del Estatuto de los Trabajadores, y que según el PSOE supone "iniciar la derogación de la reforma laboral del PP".
La iniciativa ha sido apoyada por todas las formaciones parlamentarias (PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCat y Nueva Canaria) salvo el PP que votará en contra y de Ciudadanos que se abstendrá.
La portavoz adjunta de Empleo del grupo parlamentario socialista, Tamara Raya Rodríguez, ha dicho que la reforma laboral del PP ha conducido a un modelo de bajos salarios y "autoritario" en las relaciones laborales.
"El país está sembrado de desigualdades, con trabajadores pobres que suponen ya un 28 % de la población", ha explicado tras lamentar que la externalización haya provocado que empleados que hacen el mismo trabajo cobren un 50 % menos que sus compañeros contratados por la empresa matriz.
La proposición de Ley pide que se entiendan como objeto de contratación o subcontratación de obras o servicios los se refieren a las actividades principales o nucleares de la compañía que les contrata.
En estos casos, las empresas contratistas o subcontratistas deben garantizar a sus trabajadores, durante el tiempo que dure el servicio, las mismas condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que tiene la compañía principal que les contrata, o en caso de no tener acogerse al convenio sectorial.
Durante el debate, el portavoz de Empleo del PP Alfonso Candón ha pedido buscar la negociación con los interlocutores sociales, para avanzar en los derechos de los trabajadores subcontratados y también en la libertad de empresa.
Ha defendido que la externalización "buena" permite reducir costes de cualificación, tener expertos en la materia o recibir ideas innovadores para mejorar los negocios.
El diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez ha señalado que la proposición de Ley va en la dirección correcta pero en su trámite de enmiendas deberá garantizar la representación legal de los trabajadores subcontratados y limitar las contrataciones eventuales y temporales.
Y ha recordado que la negociación colectiva y la libertad sindical "son pilares claves de cualquier democracia".
El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha señalado que la situación de discriminación de los subcontratados es un "drama" y no ha cambiado en los últimos quince años y ha abogado por una reforma integral con la implantación del contrato único.
"El problema es que tanto el PSOE como el PP se han dedicado a poner parches. Ustedes los socialistas trajeron en 2010 la reforma que amplió el pago de indemnizaciones a 20 días por año trabajado", ha aseverado.
Desde ERC, el diputado Jordi Salvador ha argumentado su voto a favor en que es un principio elemental el de: "a igual trabajo iguales condiciones laborales", al tiempo que el portavoz de Empleo del PNV Iñigo Barandiaran ha criticado la "encadenación" de los subcontratos y ha pedido solventar el problema de la concurrencia de diferentes convenios.
El portavoz de Empleo de la antigua convergencia, el PDeCat Carles Campuzano ha pedido ser "extremadamente prudentes" en la nueva regulación de la subcontratas ya que hay abusos, pero también son necesarias para fomentar la competitividad en la industria.
Ha anunciado que su partido presentará enmiendas con el fin de que el salario mínimo sea mayor y no "degrade" las condiciones laborales y para impulsar una acción decisiva de la inspección de empleo.
Desde Nueva Canarias el diputado Pedro Quevedo ha apoyado la iniciativa de forma "entusiasta" ante el "abuso" de la subcontratación, mientras que el diputado Foro Isidro Martínez Oblanca ha criticado que una nueva ley cause un "gravísimo quebranto" en las cuentas de la administración.