Mateo Sancho Cardiel
Nueva York, 24 jul (EFE).- Una nueva reunión por separado de representantes del Gobierno argentino y con los fondos acreedores con el mediador judicial estadounidense se cerró hoy sin avances, en medio de acusaciones y el rechazo de Argentina a dialogar cara a cara con los demandantes.
El mediador en el litigio entre Argentina y los fondos especulativos que demandan el pago de la deuda en mora desde 2001, Daniel Pollack, aseguró en un comunicado, tras una reunión de tres horas de duración, que "los asuntos que separan a las partes del caso siguen sin resolverse" y convocó un nuevo encuentro para mañana a las 10.00 hora local (14.00 GMT).
Pollack se reunió con ambas partes por separado y propuso una conversación urgente cara a cara entre demandados y demandantes. "Los representantes de los tenedores de bonos aceptaron las conversaciones directas, los representantes de la República (Argentina) rechazaron comprometerse a conversaciones directas", explicó.
La comitiva argentina que acudió hoy a las oficinas del abogado en Nueva York estuvo formada por el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario del área Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Federico Thea, la procuradora del Tesoro, Angelina Abonna, y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament, quienes llegaron a las oficinas de Pollack a las 12.30 horal local (16.30 GMT).
Por el momento, el Gobierno de Argentina no ha hecho declaraciones sobre la reunión de hoy.
Por su parte, un portavoz del fondo de inversión NML, que lidera la querella, aseguró en un comunicado que en la reunión "Argentina dejó claro que se inclinarán hacia el cese de pagos la semana que viene", puesto que el 30 de julio vencen los días de gracia de los que dispone el país suramericano para que los bonistas que aceptaron el canje reciban su dinero.
"Argentina otra vez rechazó negociar ningún aspecto de la disputa" y "sus representantes afirmaron que no había solución posible", continúa el comunicado.
Esta nueva tanda de reuniones continuadas se produce a petición del juez Thomas Griesa, que está a cargo de la demanda presentada por los fondos contra Argentina y quien el martes, en una audiencia, urgió a las partes a intensificar las negociaciones para llegar a un acuerdo antes del próximo miércoles.
Con la reestructuración de la deuda, aceptada por el 92 % de los acreedores a pesar de que implicaban grandes descuentos, Argentina resolvió en parte el millonario cese de pagos de 2001.
Sin embargo, los fondos que no se acogieron a la reestructuración de la deuda reclaman también recibir pagos de Argentina y sin quitas.
Griesa falló a su favor y exigió a Argentina el pago de 1.500 millones de dólares bajo la cláusula "pari passu", que obliga a un pago simultáneo a todos los bonistas, con o sin quitas, o, en su defecto, la prioridad de pago a los tenedores de bonos sin quitas.
Así, aunque el país giró en junio 1.031 millones de dólares para a los bonistas que aceptaron el canje, gran parte del dinero quedó congelado en los bancos por recomendación del juez, que el martes rechazó de nuevo reponer la medida cautelar que pide Argentina para poder realizar pagos escalonados y no entrar en conflicto con la cláusula RUFO.
Esta cláusula (derecho sobre futuras ofertas, en sus siglas en inglés) legitima a todos los bonistas que aceptaron las quitas para reclamar también el cobro de la deuda íntegra si los acreedores que no se acogieron al canje son pagados antes del 1 de enero de 2015.
Desde Buenos Aires, el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitach, aseguró hoy en una rueda de prensa antes de la reunión que el país está dispuesto a negociar siempre que se respeten las mismas condiciones para todos los acreedores.
Pero aseguró que el país no puede "sufrir el avasallamiento de buitres y jueces que no respeten la condición de país soberano, ni de países que pretenden extorsionar la soberanía y voluntad de un pueblo".