Mar Gonzalo
San Juan, 17 jul (EFE).- Mientras el Gobierno de Puerto Rico busca contrarreloj vías para aumentar la escasa liquidez con la que tiene que operar día a día, los comercios de la isla ofrecen desde hoy dos días libres de impuestos para productos escolares para paliar los efectos de una crisis que puede acabar en cese de pagos.
"Mi esposa hoy no ha ido a trabajar. Va a dedicar todo el día a comprar todo lo necesario para la escuela, que este año está bien caro por la subida del IVU" (Impuesto sobre Ventas y Uso), comentaba hoy un ciudadano puertorriqueño mientras almorzaba en un bar sanjuanino.
A sus comentarios, camareros y clientes contestaban que efectivamente había que aprovechar este descuento fiscal y repasaban qué otros productos se benefician de la desgravación, como los discos duros, memorias y otros dispositivos de almacenaje de datos, así como material artístico y de dibujo.
La exención del IVU de los productos escolares durante dos días le cuesta a las arcas públicas entre 12 y 15 millones de dólares que se calcula que dejará de ingresar, según datos de Hacienda, y afecta a uniformes y materiales escolares, pero también "loncheras (fiambreras), zapatos escolares o tenis regulares".
Además, este año se han incluido los desinfectantes de manos y toallas húmedas desechables, para favorecer la higiene en tiempos en que más de un tercio de la población de la isla está sin suministro de agua durante uno de cada dos días o incluso dos de cada tres a causa de la sequía que azota a Puerto Rico.
Desde que comenzó el actual ejercicio fiscal el IVU ha pasado de ser del 7 % al 11,5 %, una subida muy criticada por la ciudadanía con la que el Gobierno trata de elevar su pírrica liquidez para enfrentar este comienzo de año.
La escasez de liquidez es tal que el Gobierno ha tenido que convocar a sus bonistas para tratar de negociar moratorias en la devolución de su deuda, que supera los 72.000 millones de dólares para una población de 3,6 millones de habitantes.
Además está tratando de que Washington le permita acogerse al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras para que sus empresas públicas y municipios se puedan declarar en bancarrota.
De hecho, las agencias de calificación empiezan a dar por seguro el impago y ya el miércoles el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno, no transfirió a la Corporación de Finanzas Públicas los 93,7 millones de dólares que debía apartar para garantizar un vencimiento que llegará el 1 de agosto.
Mientras, aumentan las voces que reclaman a Washington que incluya a las empresas públicas y los municipios de Puerto Rico en la protección que confiere el capítulo 9 de la Ley federal de quiebras.
Incluso el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, publicaba hoy un artículo en la revista Time en el que afirmaba además que el problema de la deuda es "culpa del estatus colonial" de Puerto Rico respecto de EE.UU.
"Aunque no es una solución perfecta -aseguraba-, la protección de la bancarrota proporcionaría un sistema más justo y transparente para resolver el problema de la deuda y crear el espacio fiscal que necesitamos para hacer crecer nuestra economía y servir a nuestro pueblo".
Recordaba que esta iniciativa es apoyada por los precandidatos presidenciales estadounidenses Jeb Bush y Hillary Clinton, republicano y demócrata, respectivamente, y afirmaba que "el Congreso debe aprobar esta legislación inmediatamente".
El diario The New York Times también aseguraba el jueves en un editorial que "en Puerto Rico, un impago desordenado parece probable a menos que el Congreso provea protecciones para corporaciones públicas que han acumulado unos 25.000 millones de deuda".
Mientras, las facturas que del Gobierno y sus entidades públicas tienen al frente van a aumentando con nuevos vencimientos de deuda, y el BGF ya ha advertido que para septiembre se podría haber quedado sin fondos, lo que da poco margen para que la negociación iniciada con los bonistas dé sus frutos.
En la primera y única reunión oficial que se ha celebrado con ellos hasta el momento, el pasado 13 de julio, el Gobierno de la isla y sus asesores se limitaron a exponer la gravedad de la situación y pedir paciencia a los acreedores, a los que prometió presentar el 1 de septiembre un plan fiscal a cinco años creíble.