Lisboa, 20 abr (EFE).- El nuevo decreto-ley aprobado en Portugal sobre los límites en los derechos de voto en entidades financieras obliga a que este blindaje sea revisado por lo menos una vez cada cinco años.
Así se precisa en la normativa, publicada hoy en el boletín oficial del Estado portugués, y que está rodeada de polémica por ser promulgada en medio del conflicto abierto en el seno del Banco Portugués de Inversión (BPI) (LS:BBPI), con los derechos de voto como protagonistas.
La modificación legislativa fue aprobada el pasado jueves por el Gobierno socialista en consejo de ministros, aunque no se conoció públicamente hasta el lunes siguiente, el mismo día en que el español CaixaBank (MC:CABK) -su principal accionista- lanzó una oferta para hacerse con el control del BPI.
La firma catalana incluye en su propuesta la exigencia de que los límites en los derechos de voto existentes actualmente en el banco luso -fijados en el 20 %- sean eliminados, una condición facilitada por la nueva legislación.
El decreto-ley es duramente criticado por el segundo mayor accionista del BPI, la inversora angoleña Isabel dos Santos, que acusa al Ejecutivo de favorecer interesadamente al CaixaBank, con el que mantiene un enconado enfrentamiento.
Angoleños y españoles llegaron a un acuerdo el pasado 10 de abril para encontrar una solución a la excesiva exposición del BPI a Angola y evitar así una sanción de Bruselas, pero su pacto se rompió apenas una semana después y quedó "sin efecto", lo que deja a la entidad lusa en riesgo de ser multada.
En este duelo que mantienen CaixaBank y Dos Santos, los derechos de voto juegan un papel fundamental, ya que la angoleña tiene en la práctica el mismo poder pese a que su participación es menos de la mitad que la que posee la firma catalana.
El decreto-ley publicado hoy entra en vigor el próximo 1 de julio y obliga a las entidades financieras lusas con este tipo de blindaje a revisarlo antes del 31 de diciembre de 2016.
Posteriormente, estos límites en los derechos de voto "deben ser objeto de deliberación de los accionistas por lo menos una vez cada cinco años", reza el documento.
La votación sobre el blindaje, cuando sea propuesta por el consejo de administración, "no estará sujeta a cualquier límite en los derechos de voto ni a cualquier requisito de quórum o mayoría cualificada", se precisa en la nueva normativa.
El presidente luso explicó esta misma semana que la aprobación de esta modificación legislativa fue aplazada durante un mes con el único objetivo de "facilitar el acuerdo" entre los dos principales accionistas del BPI.