Madrid, 11 ene (.).- PSOE y Ciudadanos apoyan que el Tribunal de Cuentas fiscalice los ingresos que recibe la Iglesia a través de la casilla del IRPF y se suman a la iniciativa de Unidos Podemos de solicitar que la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas de las Cortes exija que se elabore este informe y se incluya en el plan de actuaciones de 2017.
El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso una propuesta propia para que se encomiende al Tribunal de Cuentas la fiscalización del 0,7 % de la casilla de la Iglesia del IRPF de los dos últimos ejercicios liquidados.
El PSOE señala en un comunicado que los ingresos de la Iglesia procedentes del IRPF suman más de 1.240 millones entre 2010 y 2015.
El portavoz socialista en la comisión mixta del Tribunal de Cuentas Antonio Hurtado ha añadido que la iniciativa pide un informe de fiscalización anual "para que todo esté perfectamente controlado y auditado".
El Tribunal de Cuentas publicó ayer los informes de fiscalización que llevará a cabo este año, en los que no se incluye el relativo a las cuentas de la Iglesia vinculadas al IRPF, y que debería realizar obligatoriamente si así lo aprueba la comisión.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho en rueda de prensa que es "razonable" pedir que la Iglesia "rinda cuentas" cuando recibe dinero de la hacienda pública, "igual que sucede con el dinero que reciben las ONG".
"No veo inconveniente para que se haga", ha dicho Rivera, al tiempo que ha instado a modificar el mecanismo de designación de los miembros del Tribunal de Cuenta con el fin de que no se reproduzca "el Parlamento en el Tribunal de Cuentas" y no sea un "debate entre rojos y azules".
La iniciativa presentada por el PSOE aduce que las Cortes Generales -a través de la Comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas-, tienen la iniciativa para el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
Añade que esta "se extiende al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía, en relación con la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos públicos".