Mar Gonzalo
San Juan, 4 feb (EFE).- Puerto Rico cumple hoy un año con su deuda en el terreno del grado especulativo, conocido como el de los bonos "basura" o "chatarra", y por primera vez se empieza a plantear abiertamente la imposibilidad de devolverla y la necesidad de sentarse a renegociar con los acreedores.
El 4 de febrero de 2014 Standard & Poor's (S&P) dio el paso que se venía temiendo en la isla desde hacía mucho tiempo y anunció que rebajaba la calificación que confiere a las Obligaciones Generales del Gobierno de este Estado Libre Asociado de EE.UU. a BB+, una nota que en el escala de esta agencia está ya fuera del grado de inversión.
Situarse en el grado especulativo implica que se desaconseja comprar esta deuda porque existe el riesgo de que el inversor no vaya a recuperar sus fondos. Ello quiere decir que, quienes aún así deciden invertir, lo van a hacer a un tipo de interés muy elevado que compense el elevado riesgo que asumen.
El resto de las grandes agencias estadounidenses de calificación no tardaron en imitar a S&P, lo que dejó a Puerto Rico en una situación muy complicada para acudir de nuevo a los mercados a pedir el dinero que desde hace décadas necesita para sacar adelante unas cuentas que sin ayuda del exterior no salen.
Además, cada vez necesita más dinero para pagar los intereses que se van generado de la deuda acumulada durante décadas, y que asciende a 73.000 millones de dólares.
De ahí que esta misma semana el principal diario de la isla calculara que realmente lo que debe la isla es más del doble, lo que le lleva a estar efectivamente "en quiebra", según tituló este martes a toda página para escándalo de muchos.
Aún así, Puerto Rico -que lleva ocho años en recesión económica- ha seguido acudiendo a los mercados. Lo hizo por primera vez desde la rebaja de la deuda en marzo, vendiendo 3.500 millones de dólares, con una buena aceptación en los mercados. De hecho, fue la mayor colocación de bonos "basura" de la historia.
Volvió a hacerlo en octubre, colocando 1.200 millones de dólares en pagarés a corto plazo y a tipos de interés cercanos al 7,75 %, asegurando que los devolvería con lo que fuera obteniendo a través del cobro de impuestos.
La deuda de Puerto Rico y sus corporaciones públicas ha sido tradicionalmente muy bien aceptada en EE.UU. porque está exenta del pago de impuestos.
Sin embargo, en junio pasado tuvo que aprobar la legislación necesaria para que las empresas públicas puertorriqueñas se puedan declarar en quiebra para reestructurar sus millonarias deudas, lo que llevó a más degradaciones.
Ese mismo mes decretó la emergencia fiscal y aprobó ajustes y recortes, como reducir pagos extraordinarios de los empleados públicos, congelar salarios y limitar la cobertura de plazas vacantes.
También limitó compras y contrataciones de puestos de confianza, exigió revisar contratos con proveedores, eliminó entidades públicas y reubicó funcionarios.
Tras un año en "territorio chatarra", el panorama pinta aún peor y por primera vez se empieza a hablar abiertamente de la incapacidad material de Puerto Rico para pagar sus deudas y de la necesidad de sentarse a negociar, o declarar impagos, gracias en parte a una corriente similar que se está viviendo en Europa, con Grecia a la cabeza.
El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Carlos Rivera Vélez, defendió hoy mismo que "estructurar la deuda es medular", ya que "es impagable en un plazo razonable" y el dinero que se destina a su pago es necesario para "reinvertirlo en el fomento de iniciativas de desarrollo económico sustentable".
Mientras, el Gobierno trata de establecer un nuevo sistema tributario que ataje de una vez el elevado fraude fiscal y cada vez parece más claro que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que acumula una deuda de 11.000 millones de dólares, o alguna otra corporación pública se declarará en quiebra en los próximos meses.
También son cada vez más voces las que dudan que el Gobierno vaya a poder cumplir su propuesta de operar este año fiscal (que comenzó el 1 de julio) con un presupuesto balanceado, que no tenga que financiarse con préstamos o más emisión de deuda.
Se trata de una propuesta desconocida en Puerto Rico desde hace más de dos décadas, pero que se antoja imprescindible si la isla quiere recuperar la confianza de los mercados.