San Juan, 6 may (EFE).- Representantes legales del Ejecutivo puertorriqueño defendieron hoy en una vista celebrada en el Tribunal de Apelaciones federal de Boston la validez de la ley aprobada el pasado junio para que las corporaciones públicas puedan declararse en quiebra y evitar así que su situación lastre al Gobierno.
Los abogados del Estado Libre Asociado pidieron que la Ley 71 de 2014 pueda aplicarse, con lo que quedaría sin efecto la decisión del juez federal Francisco Besosa del pasado 6 de febrero, que declaró inconstitucional la norma, a lo que el Ejecutivo respondió con un recurso que hoy fue atendido, según informaron medios locales.
La representación puertorriqueña estuvo encabezada por la procuradora general de la isla, Margarita Mercado Echegaray, y un equipo de asesores legales que dieron a conocer la postura del Ejecutivo ante el Tribunal de Apelaciones de Boston, encargado de revisar las decisiones del Tribunal federal de San Juan.
Las sociedades que representan a tenedores de bonos tratan de evitar que Puerto Rico se dote de una ley de quiebras y garantizarse así el cobro íntegro de su deuda.
Mientras, el Gobierno aduce que la isla, por haber sido excluida del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, tiene derecho a dotarse de una normativa para que sus corporaciones públicas puedan reestructurar sus deudas.
La norma trata de atender, principalmente, la situación de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), la principal compañía pública de la isla, que arrastra una deuda de 9.000 millones de dólares que negocia actualmente con sus acreedores.
La Ley para el Cumplimiento con las Deudas y la Recuperación de las Corporaciones Públicas promovida por el Ejecutivo, conocida popularmente como "ley de quiebra criolla", busca permitir el pago ordenado de las deudas contraídas por corporaciones públicas, y al mismo tiempo que se mantenga la prestación de servicios a los ciudadanos.
Según dijo en su día el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, la decisión de Besosa dejaba al Estado Libre Asociado en situación de indefensión ante sus acreedores, mientras que la normativa propuesta permitía dotarse de un marco jurídico para cumplir con sus obligaciones sin afectar la continuidad de los servicios.
El Gobierno mantiene a la vez su lucha en Washington para que las corporaciones públicas insolventes puedan reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras estadounidense.
El representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, compareció para defender esa postura el pasado febrero ante un subcomité judicial del Congreso estadounidense en la primera sesión legislativa convocada para tratar el tema de la crisis fiscal que afecta a la solvencia de algunas corporaciones públicas de la isla.