San Juan, 10 ago (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico no saldará, de momento, el impago de decenas de millones de dólares por parte de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) a sus acreedores que debía haber realizado la entidad estatal a principios del presente mes.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, señaló hoy en conferencia de prensa que el Gobierno espera cumplir con el resto de las obligaciones de sus corporaciones públicas, pero que la falta de liquidez hace que no esté previsto afrontar ese compromiso, considerado el primer impago en la historia del Estado Libre Asociado.
"No hay una apropiación aprobada -por parte del Legislativo- y la condición del flujo del Gobierno sigue siendo delicada", señaló el funcionario para justificar el impago de la PFC.
Suárez resaltó que la intención del Gobierno es cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores de sus corporaciones estatales, aunque insistió en que Puerto Rico tiene que renegociar una deuda que se eleva a cerca de 73.000 millones de dólares para tener crecimiento económico.
En cuanto a los próximos vencimientos de deuda, en especial los más cuantiosos que cumplen el próximo mes de enero, reiteró que el Ejecutivo nunca ha dicho que no se vaya a dejar de pagar a los acreedores, pero que todo dependerá de la liquidez disponible.
Los fondos de inversión Oppenheimer y Franklin Advisers reclamaron por escrito la pasada semana al Gobierno de Puerto Rico que cumpla con sus compromisos, tras el primer impago por parte de la PFC.
Las cooperativas financieras de la isla, afectadas en 4 millones de dólares por el impago, han mantenido contactos con representantes del Ejecutivo para que se salde lo adeudado, además de estudiar posibles medidas legales en el caso de que no se alcance un acuerdo.
Las corporaciones publicas puertorriqueñas arrastran una deuda de 73.000 millones de dólares que el Gobierno de la isla ya ha advertido de que se no podrá pagar en las condiciones fijadas.
Suárez indicó además que se ha formado un grupo de trabajo de recuperación fiscal que ha establecido más de 100 proyectos para poner en marcha un plan de ajuste que se dividen en crecimiento económico y reformas estructurales, estabilidad financiera y reformas institucionales.