San Juan, 20 abr (EFE).- El mayor sindicato de la compañía eléctrica de Puerto Rico demandó al Gobierno local por la reforma que realiza la empresa pública, la cual desde hace año y medio negocia con sus acreedores la reestructuración de su elevada deuda.
La demanda la presentó el martes la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al alegar que el Ejecutivo aprobó el pasado 17 de febrero la Ley de Revitalización de la compañía estatal sin el pleno conocimiento de los legisladores sobre el contenido.
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, señaló hoy a Efe que la demanda fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan con varios propósitos, entre ellos denunciar que las cámaras legislativas aprobaron sin leer.
"La Constitución establece que todo lo que se va a legislar tiene que ser leído", sostuvo Figueroa Jaramillo en referencia al proyecto de ley que García Padilla convirtió en ley en febrero pasado.
"Los legisladores no saben por qué votaron", alegó el presidente del sindicato, que representa a más de 3.700 trabajadores activos y otros 1.100 jubilados de la estatal eléctrica, sobre la Ley 4 de 2016 o Ley de Revitalización de la AEE.
De esta forma, la ley puso fin a un proceso de incertidumbre sobre el futuro de la compañía, que arrastra una deuda de 9.000 millones de dólares.
En aquel momento, García Padilla dijo que la nueva ley "termina con el proceso de transformación de la AEE después de un camino muy duro que permite reestructurar el 14 % de toda la deuda -de Puerto Rico- y un ahorro de 1.000 millones de dólares para el Gobierno".
La AEE alcanzó en diciembre pasado un acuerdo con los dueños del 70 % de la deuda que implica una tregua de cinco años para el pago de 700 millones de dólares, a cambio de la aprobación de un plan de reestructuración y modernización de la empresa que garantice su viabilidad futura.
Según el sindicato, la ley "menoscaba obligaciones contractuales con el sistema de retiro de los empleados de la AEE y realiza cambios en las prioridades de esa corporación pública que resultarían en detrimento de las responsabilidades para con sus trabajadores y con el servicio al pueblo, imponiendo cargos adicionales en la factura de la luz a todos los consumidores".
"Es una ley que aspiramos a que el tribunal pueda revisar responsablemente. Exigimos que se lleve a cabo una auditoría de la deuda y que se audite lo que se va a pagar y cómo se va a pagar", dijo Jaramillo.
La demanda de la Utier denuncia además que la Ley 4 limita el derecho fundamental de los demandantes y abonados de la AEE al acceso a la justicia y a los tribunales.
Entre los demandados aparecen la Corporación para la Revitalización de la AEE, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta; el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza; el secretario de Estado, Víctor Suárez, y el secretario de Justicia, César Miranda.
Estos últimos tres aparecen como demandados en su calidad de miembros de la Junta Directores de la Corporación para la Revitalización de la AEE.
"Esta inversión de procedimiento conlleva que cualquier insolvencia o ajuste tiene que salir del bolsillo del consumidor", indicó el sindicalista, al momento de decir que el sistema de retiro de los empleados de la AEE "es el mayor acreedor de una deuda" que ronda los 1.700 millones de dólares.