Estrasburgo (Francia), 10 may (EFE).- El grupo de los socialdemócratas en la Eurocámara pidió hoy a la Comisión Europea (CE) que mantenga su propuesta de equiparar la remuneración de los trabajadores que se desplazan temporalmente a otro país europeo y los nacionales, a la que se oponen distintos Estados miembros.
El presidente de ese grupo, Gianni Pittella, indicó que han instado al Ejecutivo comunitario a seguir adelante con la propuesta, "pese al procedimiento de tarjeta amarilla iniciado por los parlamentos de algunos Estados miembros".
"Esta propuesta no debe ser ni debilitada, ni retirada. Afecta a miles de trabajadores temporeros cuyos derechos fundamentales solo se pueden defender con una solución europea en este ámbito", añadió Pitella.
Subrayó asimismo que la revisión de la directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores es fundamental para proteger a estos trabajadores, "salvaguardar una competencia justa y garantizar un salario igual por el mismo trabajo en el mismo lugar".
El portavoz comunitario de Empleo, Christian Wigand, admitió hoy que la CE ha recibido objeciones de un grupo de países a la propuesta.
El pasado 8 de marzo, el Ejecutivo comunitario planteó esta idea, que pretende terminar con las prácticas injustas, combatir la competencia desleal y crear un marco jurídico "claro, justo y sencillo", según dijo entonces la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen.
El portavoz explicó en la rueda de prensa diaria de la CE que esta medianoche terminará el plazo previsto en la normativa comunitaria para que los Parlamentos nacionales de los Estados miembros puedan plantear su oposición a la propuesta, si consideran que puede infringir el principio de subsidiariedad.
Concluido ese plazo, añadió el portavoz, la CE deberá examinar si se ha alcanzado el umbral previsto en la normativa para iniciar el "procedimiento de 'tarjeta amarilla'".
Ese procedimiento podría obligar al Ejecutivo comunitario a revisar su propuesta, y a la luz de ello Bruselas decidiría si mantenerla, reformarla o retirarla.
Según distintos medios europeos, unos diez Estados miembros, entre ellos Polonia y Lituania, han expresado a la CE su oposición, al considerar que la propuesta de equiparar los salarios no respeta el principio de subsidiariedad (en virtud del cual la UE sólo puede intervenir en las áreas donde no basta la actuación nacional o regional).
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