Por Inmaculada Sanz
MADRID (Reuters) - El presidente catalán, Carles Puigdemont, remodeló el viernes su gobierno después de que se abrieran fisuras en él sobre el apoyo al referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre de este año, que no cuenta con el beneplácito de Madrid.
Los tres consejeros relegados son miembros de la formación nacionalista PDeCat, que gobierna en Cataluña dentro de la plataforma independentista Junts Pel Sí y en cuyo seno han surgido dudas sobre la conveniencia de saltarse la legalidad con una consulta que previsiblemente prohibirá la Justicia.
"Mi decisión era no cesar a nadie, pero si hay personas que me comunican que no van a seguir en el Gobierno tengo que aceptarlo", dijo Puigdemont en rueda de prensa en el Palacio de la Generalitat con su vicepresidente, Oriol Junqueras.
Los tres consejeros salientes son la de presidencia, Neus Monté, que será sustituida por el portavoz parlamentario de JxS, Jordi Turull; el titular de Interior, Jordi Jané, relevado por Joaquín Forn, y Meritxell Ruiz, sustituida por Clara Ponsatí en Educación. El nuevo secretario del Ejecutivo será Víctor Cullell en el puesto de Joan Vidal.
Su marcha llega en un momento de tensiones dentro del movimiento independentista a raíz de la destitución a principios de mes del consejero de empresa Jordi Baiget tras poner en duda que pudiera celebrarse finalmente un referéndum que, según los sondeos, quieren el 80 por ciento de los catalanes.
Puigdemont dijo que el compromiso de todos los dimisionarios con el referéndum seguía intacto y que no había "ninguna vacilación" de cara al 1-O, cuando dijo acabará una legislatura que comenzó en 2015 con el objetivo de abrir la puerta a una república independiente catalana.
A partir de la consulta que la Generalitat pretende que sea vinculante y para la que pidió una amplia participación, se darán los pasos hacia la independencia inmediata, si gana el "sí", o se convocarán elecciones autonómicas, en caso de imponerse el "no".
RAJOY HABLA DE "PURGA"
Pese a la determinación del Govern de poner urnas en octubre, el Gobierno español insiste en que usará todos los medios legales a su alcance para impedir que se pregunte a los catalanes sobre su relación con España, aduciendo que la Constitución no lo permite.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo el viernes que la salida de tres consejeros era una muestra más de la "deriva autoritaria" de la Generalitat, e insistió en que su Ejecutivo estará "en su sitio" en caso de que se convoque la consulta de manera formal.
"Hoy se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. ¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?", dijo Rajoy, al que las autoridades catalanas reprochan la falta de diálogo con una región que supone una cuarta parte de la economía del país.
Aunque la mayoría de los catalanes quiere votar, el apoyo a la independencia ha ido cayendo en los últimos meses, y según el último sondeo oficial de la Generalitat, serían mayoría los contrarios a la secesión entre los 5,5 millones de personas con derecho a voto.
El reelegido secretario general del principal partido del PSOE, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse sobre la crisis del Govern, pero se comprometió a impulsar a partir de septiembre una subcomisión parlamentaria que aborde una reforma de la Constitución para dar cabida a Cataluña.
"Es urgente poner encima de la mesa una solución, nosotros defendemos un estado federal, que incluya una renovación de la financiación autonómica", dijo Sánchez en Barcelona.