Por Carlos Ruano
MADRID (Reuters) - Más de mil trabajadores del taxi colapsaron el miércoles el centro de Madrid en una manifestación contra el regulador nacional de la competencia por sus llamadas a abrir la regulación del transporte para dar cabida a las fórmulas de economía colaborativa.
"Por la supervivencia de 100.000 familias" ha sido el lema utilizado en una protesta contra la liberalización que defiende la autoridad de competencia y que ha chocado con los intereses de un sector dominado por trabajadores autónomos.
Los taxistas defienden la supremacía del taxi y acusan a Competencia de amenazar la supervivencia de miles de autónomos.
"¿A quién defiende la CNMC? Nosotros somos un servicio público y somos autónomos, ellos defienden a las multinacionales", se queja Marta Fernández, taxista de 42 años.
Fernández alude a las pretensiones de empresas como Uber o Cabify, que enfrentan duras críticas y demandas judiciales en medio mundo al tratar de entrar en el mercado de transporte con conductor, aunque hay muchas otras alternativas, de redes sociales o incluso vecinales, bajo las propuestas de servicios colaborativos.
La CNMC sostiene que las nuevas fórmulas de economía colaborativa exigen una respuesta realista y piden al gobierno central y a algunos locales que modifiquen una legislación que, en su opinión, restringe la libertad de mercado al dificultar la extensión de alternativas al taxi.
"El papel de la CNMC es defender la competencia en beneficio de los consumidores. Ante innovaciones disruptivas como las nuevas plataformas de internet, que permiten indudables ventajas a consumidores y que están aquí para quedarse la respuesta es cerrar las puertas y tapiar las ventanas", explicó a Reuters el presidente del organismo, José María Marín Quemada. "Eso nos deja rezagados respecto a otras economías que demuestran tener una mente más abierta al cambio".
La CNMC, que en los próximos días tiene previsto publicar las conclusiones de un informe sobre economía colaborativa con especial incidencia en alojamientos y transporte tras una consulta pública que ha durado un año, argumenta que las nuevas tecnologías están abriendo opciones de consumo favorables para el conjunto de la sociedad.
"Si España opta por imponer restricciones al cambio tecnológico se estaría restringiendo la libertad de los consumidores para elegir y acceder a nuevos servicios en mejores condiciones de calidad y precio, así como la libertad de los empresarios para competir", argumentó Quemada.
La regulación de los alojamientos turísticos alternativos ligados al auge de las redes sociales también es objeto de fuerte polémica sobre su regulación.