Nueva York, 10 ago (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Nueva York dio hoy la razón a Argentina y falló contra la decisión del juez Thomas Griesa de permitir a nuevos acreedores sumarse a la demanda contra el país suramericano por bonos en mora.
Griesa había aceptado el pasado junio la petición de "trato igualitario" ("me too") solicitada por un grupo de 500 acreedores que también rechazaron los canjes ofrecidos en 2005 y 2010 por la deuda que Argentina dejó de pagar en 2001.
Esa decisión, que hubiera podido agregar 5.400 millones de dólares a la deuda argentina, según un cálculo inicial, fue rechazada hoy por el tribunal al que recurrieron las autoridades argentinas al considerar que el juez Griesa contravino un dictamen anterior del propio tribunal de Apelaciones.
En el fallo, la corte recuerda que había dado a Griesa "instrucciones específicas que no permitían expandir" el número de demandantes y señala que el juez "erró" al tener en cuenta las peticiones de los acreedores que buscaban sumarse a la demanda.
La decisión del tribunal frena esa acción colectiva, pero a priori no impide que los bonistas actúen individualmente contra el país suramericano.
En junio, Argentina anunció inmediatamente que iba a recurrir la decisión de Griesa sobre la que falló hoy la corte de Apelación.
"Estos demandantes son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado pero que ahora se disfrazan en nuevas causas como 'me too' con el objetivo de generar más presión", dijo entonces en un comunicado el Ministerio de Economía argentino.
Argentina fue demandada en el juzgado de Griesa por fondos especulativos que adquirieron bonos no sujetos a los canjes de deuda y por tanto en mora desde 2001.
Desde el año pasado, un fallo del juez neoyorquino obliga al país suramericano a pagar a los fondos 1.300 millones de dólares, más intereses, mientras mantiene bloqueado el pago al resto de los acreedores que sí aceptaron el canje.
A causa de este litigio, el perfil crediticio de Argentina es de "suspensión de pagos selectivo", impuesto por las agencias calificadoras a inicios de agosto pasado.