Madrid, 19 abr (.).- El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) ha anulado el laudo que condenaba a España a pagar una indemnización de 10,4 millones de euros, más intereses, a Triodos Sicav II, vehículo de inversión perteneciente al grupo Triodos Bank, por los recortes a las renovables.
Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, es la segunda vez que España consigue anular, ante los tribunales suecos, un laudo sobre la base de falta de jurisdicción por tratarse de una disputa intra-Unión Europea al involucrar a un inversor de un Estado miembro (Luxemburgo) y un socio comunitario.
Tal como ha adelantado este viernes Expansión, el laudo ahora anulado consideró que España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía.
El Estado fue condenado a pagar una indemnización de 10,4 millones de euros (más intereses) y el reembolso de las costas de Triodos en la cantidad de 2,5 millones, así como a asumir el 65 % de los gastos del procedimiento.
El origen del laudo
Entre 2008 y 2010, Triodos, a través de un subfondo, realizó cuatro inversiones en el mercado energético español.
Éstas se llevaron a cabo mediante la adquisición de acciones en empresas con instalaciones fotovoltaicas existentes y de inversiones en la construcción de otras nuevas.
En diciembre de 2017, Triodos inició un procedimiento de arbitraje contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, donde alegaba que el recorte por parte del Estado del sistema de primas a las renovables había violado el Tratado de la Carta de la Energía.
Años más tarde, en octubre de 2022, se emitió el laudo arbitral que condenó a España por incumplir con sus obligaciones, siendo recurrido después por la Abogacía del Estado.
Estado de los arbitrajes
En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy culminó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista para la inmensa mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado, un recorte retributivo destinado, junto con otras actuaciones, a atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.
El Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaron los recursos presentados por los inversores nacionales contra esa rebaja de la rentabilidad, pero algunos inversores internacionales acudieron a las cortes de arbitraje, muchos al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, y denunciaron al Reino de España.
A tenor de los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, de los 52 arbitrajes presentados, se han dictado 34 laudos, siete se han ganado, tres se han anulado, otros catorce están pendientes y tres demandantes han desistido.
De acuerdo con esta información, España ha conseguido reducir un 84 % el importe reclamado por los inversores.
Precisamente, el pasado diciembre, el Ejecutivo acordó denunciar el Tratado de la Carta de la Energía firmado en Lisboa en 1994, un marco jurídico para proteger inversiones fósiles que cree que ha quedado desfasado ante los objetivos climáticos y del que la Unión Europea propuso meses antes la salida en bloque.
Con esta decisión buscaba impulsar la retirada de España de este documento, del que por entonces ya se habían apartado otros miembros de la Unión Europea como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo.