Dubái, 4 dic (.).- La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, defendió este lunes como los próximos pasos para ampliar la financiación climática gravar con un impuesto del 0,1 % los servicios financieros globales, con uno del 5 % a los beneficios de la industria de los combustibles fósiles y con el 1 % al transporte marítimo de mercancías.
Así lo puso de manifiesto la jefa del ejecutivo del Estado insular, que inauguró junto al economista Nicholas Stern y al director general de la COP28 la jornada de la cumbre del clima dedicada a la financiación.
Mottley, conocida por ser una de las voces de más peso en las demandas de la justicia climática internacional, valoró los progresos que se han dado en materia de financiación en este último año, pero aseveró que aún “no estamos donde tenemos que estar”.
La arquitecta de la Iniciativa de Bridgetown, un plan para reformar del sistema financiero internacional que impulsó su gobierno hace un año y medio, agradeció al presidente de la COP28, el emiratí Sultan Al Yaber, por su “liderazgo” y su “determinación” de que "debemos dejar Dubái con progreso, incluso si no estamos en el destino final”.
Mottley valoró que, tras poner en marcha dicha iniciativa -hace sólo 18 meses-, el FMI activó el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, nuevo fondo fiduciario para ayudar a los países a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad.
Este fondo, dijo, ha supuesto “una gran diferencia para nosotros”, al conceder por primera vez dinero a 20 años, “con una moratoria de diez años y medio, en condiciones favorables para que los países construyan sobre la base de su vulnerabilidad climática, en contraposición a la deuda ligada al PIB per capita, algo que hemos estado defendiendo como un componente esencial del sistema”.
Pero subrayó que ahora hace falta que otras instituciones se alejen también de la deuda ligada al PIB per capita y “se centren en la vulnerabilidad climática” como factor clave para el acceso y la financiación.
“No sólo tenemos las cláusulas de pausa que se anunciaron en París”, celebró además Mottley en alusión a la cumbre sobre financiación que ella misma impulsó en junio junto al presidente francés Emmanuel Macron-, sino que “aquí en Dubái se ha matizado la confusión, y estas cláusulas estarán ahora disponibles para la deuda existente de los bancos multilaterales de desarrollo, en este caso el Banco Mundial”.
Mottley recalcó algunas medidas que pueden “ayudar a cerrar la brecha” y aumentar la capacidad fiscal con la que responder al reto climático en los países en desarrollo, como, por ejemplo, un impuesto mundial del 0,1 % sobre los servicios financieros con el que se calcula que el mundo podría recaudar cerca de 420.000 millones de dólares.
La mandataria de Barbados y voz cantante en las negociaciones por parte de los estados ahogados en una crisis de deuda -y, al mismo tiempo, afectados por los efectos del calentamiento global- propone además gravar el 5 % de los beneficios del petróleo y el gas, que el año pasado fueron de 4 billones de dólares; “lo cual nos daría 200.000 millones”.
A esta recaudación, puntualizó, se podrían añadir cerca de 700.000 millones de dólares si se toma también el 1 % del valor del transporte marítimo de mercancías (valor que el año pasado ascendió a 7 billones de dólares).
Así, sumando la recaudación de la tasa a los servicios financieros, la de los combustibles fósiles y la del transporte marítimo, “tendríamos 690.000 millones”, recapituló Mottley, que deberían ir a parar a la adaptación y a la recuperación de los países más vulnerables al cambio climático tras las “pérdidas y daños” que ocasionan los acontecimientos asociados a este fenómeno (inundaciones, sequías, etcétera) .
El problema, a su juicio, es al marco de gobierno: “¿Quién lo va a autorizar? ¿Quién lo va a hacer cumplir?”, planteó.
“Tenemos que alcanzar un pacto global en el que los países reconozcan que no sólo pueden actuar en su propio interés deliberado, sino que también tienen que actuar en interés de la preservación de los bienes públicos globales”, aseveró.
“El destino no es la financiación, es la ejecución real de los proyectos", dijo, y “si queremos garantizar que nuestros hijos y nietos no se vean comprometidos”, habrá que actuar con urgencia, "porque lamentablemente la perspectiva de que ciertos países y regiones se vuelvan inasegurables y sin capacidad de inversión está delante de nosotros, y ese es el punto de inflexión que queremos evitar”, afirmó.