Bruselas, 29 sep (.).- La Comisión Europea (CE) cerró este jueves el expediente que había abierto a España por las sanciones desproporcionadas a quienes incumplían la obligación de declarar sus bienes en el extranjero con el llamado "modelo 720" ya que el Gobierno lo ha modificado a raíz de una sentencia de la Justicia europea.
"España ha decidido eliminar las reglas especiales sobre sanciones que fueron consideradas desproporcionadas. No cumplir con la obligación de información ahora está sancionado conforme a las reglas generales. En consecuencia, las violaciones de la ley europea se han resuelto y el procedimiento de infracción está cerrado", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Bruselas abrió un expediente a España en 2015 por considerar que las sanciones impuesta a quienes no presentaban la declaración o lo hacían fuera de tiempo eran excesivas y en 2019, tras haber pedido infructuosamente en varias ocasiones a las autoridades españolas que cambiasen la normativa, decidió elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
En enero de este año la corte dio la razón a la Comisión Europea y declaró ilegal la imprescriptibilidad y las sanciones asociadas a la declaración de bienes y derechos en el extranjero -el "modelo 720"- porque consideró que las multas eran "desproporcionadas" y se menoscababa la libre circulación de capitales.
Tras conocerse la sentencia, el Gobierno aprovechó la tramitación parlamentaria de otra ley fiscal para devolver a la legalidad el "modelo 720", que en ningún momento ha dejado de estar en vigor.
Desde febrero la obligación de presentar la declaración prescribe a los cuatro años -cuando antes no prescribía- y se sustituye el anterior régimen sancionador -que incluía multas fijas por cada incumplimiento y una penalización de hasta el 150 %- por el régimen general.
Por otro lado, Bruselas cerró hoy también el procedimiento de infracción abierto contra España, así como a República Checa y Chipre, por no haberle comunicado cómo incorporarán en su legislación nacional las directivas europeas sobre resolución de disputas en materia tributaria, contra la elusión de capitales y contra las "asimetrías híbridas" -diferencias entre jurisdicciones que aprovechan algunas empresas para no pagar impuestos-.
Esto se debe a que los tres países han proporcionado a Bruselas "una notificación completa" sobre las medidas para trasponer estas directivas, que se aprobaron entre 2016 y 2017, indicó la Comisión.
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