Madrid, 24 nov (.).- La Diputación Permanente del Congreso tiene previsto debatir esta semana tres decretos leyes económicos y, en dos de ellos, decidir si los avala antes de que se constituyan las Cortes de la XIV legislatura, y las discusiones se producen en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez.
La Mesa del Congreso se reúne el lunes a las 11.00 para fijar el día de la Diputación Permanente, que previsiblemente será el miércoles o el jueves, y que debatirá las enmiendas parciales al proyecto de Ley de ayudas a los afectados por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook (LON:TCGI), la convalidación o rechazo del decreto que amplía en 600 millones de euros la transferencia del Estado a la Seguridad Social y el decreto ley de retribuciones para las instalaciones de energías renovables.
El PSOE afronta estos tres debates en medio de las negociaciones con Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición y también en pleno contacto con los independentistas de ERC y con los partidos nacionalistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Los debates económicos no están vinculados a estos posibles encuentros o desencuentros, pero la Diputación Permanente podría mostrar los apoyos que en un futuro pudieran tener las propuestas de un gobierno socialista y morado.
Los partidos políticos discutirán más de 60 enmiendas que se han registrado para modificar el texto del real decreto ley de ayudas por la disolución de Thomas Cook, de las que 40 proceden de Coalición Canaria.
La mayoría de las enmiendas pide aumentar y extender las medidas que contemplaba la ley para beneficiar no sólo el sector turístico, sino también al de la hostelería y al del comercio, además de que algunas formaciones como Ciudadanos han solicitado ampliar las ayudas de Canarias y Baleares a Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.
ERC y el PSOE no han presentado enmiendas y mientras que PP, Ciudadanos y Vox han pedido subir las bonificaciones del 50 % a contratos fijos discontinuos y añadirlas a más regiones, Unidas Podemos ha urgido extenderla a todo tipo de contratos.
También hay varias iniciativas dirigidas a subir las subvenciones directas que recibirían Canarias y Baleares.
Coalición Canaria ha solicitado aumentar las bonificaciones sobre la tarifa media de pasajero en los aeropuertos canarios y por el uso de sus pistas durante el verano de 2020 con el fin de mejorar la conectividad aérea.
Sin embargo, en caso de aprobarse alguna de estas enmiendas, el trámite del proyecto de Ley debería pasar a la Diputación Permanente del Senado para que sea de nuevo debatido y ratificado.
Un hecho que tendría que producirse antes del 3 de diciembre, fecha de constitución de las nuevas Cortes Generales, ya que de lo contrario las enmiendas decaerían. Parece muy difícil, por motivos de calendario, que si el debate pasa al Senado puedan llegar a incluirse estas iniciativas al texto del proyecto de ley.
De no ser así el decreto ley en vigor quedaría tal cual fue convalidado.
El otro decreto ley que será sometido a votación para su convalidación es el que amplía en 600 millones la transferencia del Estado a la Seguridad Social prevista para "garantizar su equilibrio presupuestario" y que fue aprobado el 15 de noviembre.
Este decreto vino acompañado de una autorización que aprobó el Consejo de Ministros para utilizar hasta 3.598,20 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra de Navidad de las pensiones.
Sin duda, las pensiones y el déficit de la Seguridad Social será tema clave en el debate de esta semana en el Congreso, toda vez que cobra fuerza la posibilidad de que Unidas Podemos se encargue del Ministerio de Empleo en el nuevo Ejecutivo de coalición y que incluso se puedan desgajar de este ministerio los temas vinculados a la Seguridad Social.
Donde no se prevén excesivas discrepancias es en el debate de convalidación del real decreto ley que actualiza la rentabilidad razonable a las instalaciones renovables, cogeneración y residuos en el nuevo periodo regulatorio 2020-2025 y que beneficia a los afectados por el recorte de las retribuciones que aprobó el Gobierno del PP en 2013.
Para compensar a los afectados, el Ejecutivo ofrece la opción de mantener la retribución actualmente vigente, del 7,398 % o del 7,503 %, en función del tipo de instalación, hasta 2031, siempre que renuncien a sus reclamaciones o a las compensaciones que hayan obtenido.
Todo apunta a que será aprobada su convalidación ya que el texto ha sido muy consensuado con el sector y cuenta con un amplio apoyo de las fuerzas políticas, según ha indicado la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.