Madrid, 22 sep (.).- El Gobierno español ha defendido su labor para que las empresas nacionales apliquen el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en sus inversiones en terceros estados, y ha puesto en valor la actuación del Grupo Cobra en un proyecto en Guatemala.
En su contestación por escrito a la diputada del Grupo Republicano (GR) María Carvalho, el Ejecutivo explica que la aprobación del complejo hidroeléctrico Renace, en el país centroamericano, se produjo antes de la entrada en vigor del texto para Guatemala, y que, independientemente, Cobra elaboró una serie de estudios de impacto medioambiental.
El visto bueno a Renace, que llegó antes de la vigencia del Convenio 169 para Guatemala, dio lugar a un procedimiento judicial para dilucidar si el documento de la OIT era aplicable o no.
En abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia de aquel país dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala era el único competente para realizar la consulta prevista por el texto, y que la sociedad Renace "había obrado de buena fe", relata el Gobierno.
Con independencia de todo ello, durante su participación en el proyecto, el Grupo Cobra "elaboró una serie de estudios de impacto ambiental que remitió al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala" para que éste pudiera realizar "un informe, en el que se detallaran las repercusiones ambientales del complejo".
Así pues, los restantes procedimientos de consulta "correspondían a entidades de Guatemala".
El Ejecutivo español insiste en que tanto la Embajada de España como otras instituciones nacionales han venido siguiendo el proyecto Renace.
En este sentido, recuerda que España exige que las empresas españolas cumplan "con los más altos estándares internacionales e incluso requieran a sus socios locales que los cumplan".
Del mismo modo, apunta, el Gobierno "viene ejecutando, desde hace más de 10 años, proyectos de cooperación con el agua en Guatemala a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)", entre otras iniciativas.
El proyecto, en el que el Grupo Cobra participaba como subcontrata de ACS (BME:ACS) en varias de las cinco fases, recibió la oposición de grupos ecologistas en España.
De hecho, en abril de 2018, Greenpeace cortó el suministro de agua a la sede de ACS en Madrid para denunciar estas obras que, según sus cálculos, afectaban a más de 29.000 indígenas.
El pasado diciembre, ACS cerró la operación de venta de la mayor parte de su división industrial, Cobra, al grupo francés Vinci (EPA:SGEF) por 4.902 millones de euros, obteniendo una plusvalía neta de 2.900 millones.