Madrid, 24 feb (.).- Endesa (BME:ELE) ha recurrido el gravamen temporal y extraordinario sobre la actividad no regulada de las grandes energéticas en España, por el que tiene previsto desembolsar 208 millones de euros este ejercicio en concepto de los ingresos registrados en 2022.
Según ha informado este viernes en una nota de prensa con ocasión la presentación de sus resultados anuales, la energética ha presentado su recurso contra el gravamen ante la Audiencia Nacional al considerar "injustificado y discriminatorio".
Endesa forma parte, junto con Iberdrola (BME:IBE) y EDP (ELI:EDP), de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que el pasado jueves también anunció su decisión de interponer su propio recurso contencioso-administrativo contra esta tasa extraordinaria y temporal.
Para la asociación, se trata de un gravamen "discriminatorio e injustificado" que "penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético".
Asimismo, cree que es incoherente desde el punto de vista fiscal porque "grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 (MWh)".
En su informe financiero anual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad marca como hecho posterior al cierre el impacto del gravamen temporal energético, en virtud del cual tiene previsto "registrar contablemente e ingresar ante la Administración Estatal 208 millones de euros en el ejercicio 2023, sobre la base del importe neto de la cifra de negocio del ejercicio 2022".
De acuerdo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el primer pago del gravamen energético, cuyo plazo concluyó el pasado lunes y que será complementado en septiembre, recaudó en total 817,4 millones de euros.
El impuesto afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
La prestación patrimonial -coloquialmente llamada impuesto- gravará durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
A tenor de las primeras estimaciones, el Gobierno esperaba ingresar unos 2.000 millones de euros anuales con este gravamen; sin embargo, esta cifra se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria.