Túnez, 3 nov (.).- El Gobierno tunecino desmintió este jueves las acusaciones del principal sindicato del país, la UGTT, sobre la privatización de compañías públicas para cumplir con el programa de reformas presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que ha cerrado un acuerdo preliminar por un crédito de 1.900 millones de dólares.
El portavoz del Ejecutivo, Nasreddine Nsibi, declaró que no existe ninguna decisión al respecto y aseguró que la Administración tiene como prioridad preservar y reformar todas las empresas, por lo que estudiará las soluciones posibles "caso por caso" con apoyo de expertos de cada sector.
"La presidencia del Gobierno ha celebrado consejos ministeriales dedicados a cada empresa y ha pedido a cada una presentar un plan de reforma y un presupuesto para su rescate", explicó el responsable en declaraciones a la agencia TAP.
Por otro lado, Nsibi declaró que se mantendrán los subsidios a los alimentos básicos "pero se beneficiarán quienes los merecen con el objetivo de poner fin a la especulación y la exportación ilegal a otros países, mientras permiten a más del 80 % de la población su acceso directo a través de la inscripción en una plataforma digital".
La UGTT reclama al Gobierno revelar "de manera detallada" el plan de reformas- que asegura desconocer y del que ha sido excluido durante la toma de decisiones- y le acusa de haberse comprometido con el FMI a vender la compañía nacional de tabaco (RNTA), el Banco del Hábitat (BH) así como algunos muelles del puerto capitalino de Radès.
La polémica saltó cuando semanas antes la directora de esta institución financiera, Kritalina Georgieva, reveló a la cadena Sky News la intención del gobierno de "reestructurar" algunas compañías estatales después de acordar un nuevo préstamo- el tercero de la última década- de 1.900 millones de dólares por un periodo de cuatro años.
En los últimos meses los supermercados se han visto desprovistos de alimentos básicos como azúcar, leche o arroz; mientras que los precios de los carburantes han vuelto a registrar una nueva subida- la cuarta de este año, que supone un total del 16 %- para "ajustarse" a los precios del mercado y con vistas a retirar las subvenciones públicas a partir del próximo año.